El consejero Enrique López ha reclamado en el Foro Justicia ICAM que el Estado considere la Justicia un servicio esencial a efectos financieros.
El ejecutivo autonómico invertirá hasta 2023 cerca de 90 millones de euros en la modernización judicial.
El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha defendido que las fuerzas políticas y las administraciones públicas con competencias deben “llegar a un acuerdo para alcanzar un pacto de Estado que sea capaz de transformar la Justicia”. Un acuerdo “que deberá impulsar el Gobierno que salga de las urnas el próximo 10 de noviembre y que tendría que tomar como base el firmado en España en el año 2001 entre los dos principales partidos constitucionalistas”, ha explicado el consejero en el Foro Justicia, organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
López, que ha sido presentado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez, también ha insistido en la petición realizada el pasado día 25 a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para que el Estado mejore la financiación autonómica y reconozca el peso que en la Comunidad de Madrid tiene en la administración de Justicia.
A juicio del consejero, el actual sistema de financiación no tiene en cuenta el mayor número de litigios que se producen en la región, una situación que puede perjudicar a la calidad del servicio que se presta a los madrileños. Asimismo, el consejero ha defendido que la Justicia sea considerada –también a efectos de financiación– un servicio público esencial, como ocurre, por ejemplo, con la Sanidad y la Educación.
Modernizar y humanizar la justicia
López también ha desgranado los principales proyectos de su departamento en el área de Justicia, anunciando que la Comunidad de Madrid destinará un mínimo de 90 millones de euros esta legislatura para impulsar el ‘Plan Justicia 21×21’, un proyecto con el que se pretende continuar modernizando y humanizando todos los partidos judiciales de la región.
Asimismo, el Gobierno regional –ha dicho–seguirá trabajando en la concentración de las sedes judiciales de la capital. Para ello se estará muy pendiente de la próxima resolución judicial sobre la Ciudad de la Justicia, un proyecto que el Ejecutivo madrileño quiere retomar aprovechando las infraestructuras ya construidas en Valdebebas. El objetivo de esta iniciativa es mejorar el acceso de los madrileños a la administración de Justicia y facilitar el trabajo de los profesionales.
Además, el Gobierno autonómico quiere impulsar una Proposición de Ley que elimine la potestad de la Asamblea para designar una de cada tres plazas de las Salas de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en favor de los jueces, que serían los encargados de hacer la provisión. De este modo, se ampliarían los márgenes de independencia del Poder Judicial.
López también se ha comprometido a continuar implementando el expediente electrónico que permita poner en marcha una justicia dinámica y de trámites simplificados. Asimismo se revisarán, de acuerdo con las posibilidades presupuestarias del Gobierno regional, los baremos de la justicia gratuita y el turno de oficio para mejorar las condiciones del servicio de abogados y procuradores y se apostará por fomentar la mediación como vía complementaria en la resolución de los conflictos, especialmente en la jurisdicción mercantil.
Por último, el consejero ha confirmado la próxima puesta en marcha del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forenses y el incremento del número de psicólogos y trabajadores sociales integrados en las unidades de valoración forenses.
