El proyecto de legalización del divorcio, promovido por las senadoras Riza Hontiveros y Pia Cayateno, contempla el divorcio por ejemplo en caso de incapacidad de tener hijos.
«El divorcio es, en primer lugar, inconstitucional, es un camino antifamiliar, antimatrimonio y antihijos». Lo asegura con contundencia en un mensaje enviado a Fides el padre Jerome Secillano, secretario ejecutivo de la Conferencia Episcopal de Filipinas y responsable de Comunicación. La posición adoptada por los obispos filipinos, que confirman su no a la introducción del divorcio en la legislación nacional, viene a refutar las declaraciones de la senadora Riza Hontiveros.
La senadora está encabezando una campaña a favor del divorcio «a favor de la familia y en favor de los niños». En una sesión reciente en el Senado, Hontiveros dijo que una ley del divorcio «ofrecerá a las personas la oportunidad de encontrar relaciones verdaderas y significativas», así como que «protegerá a los niños del abuso y reconstruirá familias rotas».
Los obispos expresan su oposición radical y señalan que «la afirmación de la senadora Hontiveros contradice las disposiciones de la Constitución de 1987», explica el padre Secillano.
«De esta manera, ¿queremos decir que el Código de Familia y nuestra Constitución están en contra del matrimonio y de los niños, dado que no permiten el divorcio?», se pregunta. Según el portavoz, «el divorcio nunca puede ser en favor del matrimonio, la familia y los hijos. No distorsione los hechos solo para satisfacer una agenda en particular».
La posición de la Iglesia es clara: «Legalizar el divorcio en Filipinas solo conduciría a la destrucción de muchas familias. Los filipinos merecen algo mejor», dijo el portavoz de los obispos, quien pidió a los legisladores que «trabajen para modificar las leyes existentes sobre separaciones matrimoniales» en un camino que «respeta la Constitución».
Actualmente en el Senado hay tres proyectos de ley sobre el tema del divorcio: el número 67 titulado Reconocimiento del decreto extranjero de terminación de matrimonio; los números 288 y 356 definidos como Establecimiento del divorcio y disolución del matrimonio en Filipinas; y el número 504 que dice Reconocimiento de los efectos civiles del decreto sobre la anulación del matrimonio católico.
En el segundo proyecto de ley, el que promueve la legalización total del divorcio, presentado por las senadoras Riza Hontiveros y Pia Cayateno, se recoge la incapacidad psicológica, la falta de consentimiento y la incapacidad para generar hijos, entre otras cosas, como razones aceptables para obtener un divorcio.
Las comunidades cristianas de diversas denominaciones se oponen a la legalización del divorcio en Filipinas. «El matrimonio es un sacramento y debe protegerse de cualquier posible intervención humana. El divorcio no es la solución a los problemas humanos», explica a Fides la católica laica Mary Christine Ortega, madre de cuatro hijos.
La Constitución de Filipinas (artículo XV, sección 2) establece que «el matrimonio, como institución social inviolable, es la base de la familia y debe ser protegido por el Estado». El Estado, observa un documento escrito por 77 organizaciones católicas y enviado a Fides, «tiene la tarea de proteger en lugar de debilitar el matrimonio como institución social».
Fides
Foto: CNS
