La Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado saca a la luz hacinamientos, conflictividad, falta de protección legal y problemas humanitarios graves en los centros de internamiento de extranjeros en España.
Las condiciones de los siete Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que hay en España no son las adecuadas para acoger a los 6.337 extranjeros que llegaron a nuestro país durante el año pasado, según se desprende de la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado que se hizo pública el lunes.
La Memoria destaca por ejemplo el CIE de Madrid-Aluche, donde «la infraestructura y dotación del centro no son las idóneas para acoger a un número tan importante de personas, siendo necesaria la construcción de un nuevo centro de mayores dimensiones, compuesto de instalaciones amplias adecuadas a las necesidades de los internos, para garantizar adecuadamente sus derechos y bienestar». Las instalaciones, aunque presentan un correcto estado de conservación y limpieza, también sufren «un deterioro progresivo del centro derivado del uso y la constante afluencia de personas».
Sobre el CIE de Barcelona, la memoria destaca que «se encuentra pendiente alguna reforma puntual de mejora en instalaciones de zonas comunes y en las condiciones de las habitaciones», y denuncia asimismo su alta conflictividad, pues durante el año pasado hubo 17 huelgas de hambre individuales y dos colectivas, así como dos motines.
Otro de los centros, el de Las Palmas de Gran Canaria, no cuenta con un asistente social, como exige la normativa legal, y «se sigue evidenciando una deficiencia en el derecho a la asistencia letrada de los internos, tal y como ya expuso la Fiscalía en las memorias de años anteriores».
En el de Tenerife existe «un problema humanitario grave» a la hora de la puesta en libertad de los internos, especialmente de origen subsahariano, carentes de recursos económicos, vínculos familiares o red de apoyo alguna, por lo que «Cruz Roja y Caritas diocesana se han visto sobrepasados por la situación y en muchos casos no se ha podido ofrecer alternativa asistencial». Esta situación genera «un grave problema, pues en el momento de su puesta en libertad, quedan abocados a vivir en la calle».
Del CIE de Algeciras, la Fiscalía afirma que se encuentra «solo en funcionamiento muy limitado por su situación precaria», y el Murcia registra «la ausencia de una efectiva asistencia letrada permanente de los internos», así como «una sobresaturación, toda vez que ha llegado a estar ocupado por 117 personas cuando la capacidad y servicios de que dispone son adecuados para 90».
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
Foto: Inés Baucells
Avalancha de menas
La Fiscalía General del Estado advierte en su Memoria que durante el año pasado se registró «un incremento espectacular» del número de menores no acompañados (menas) llegados a España, y reconoce que su aumento «ha saturado el sistema de protección de menores, habiéndose llegado en casos a situaciones de auténtico colapso».
Según datos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, fueron localizados 7.026 menores extranjeros en pateras u otras embarcaciones frágiles, lo que supone un incremento de un 199,61 % en relación al año 2017, sin contar los datos de menores que se han introducido en España a través de Ceuta y Melilla, superando la frontera ocultos en vehículo de motor, o los que entraron por vía aérea.
En total, en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados a fecha de 31 de diciembre 2018 figuraban inscritos un total de 13.796 menores bajo la tutela o acogimiento de los servicios de protección. Ello supone un incremento de un 115 % respecto de los 6.414 inscritos en el año 2017.
En cuanto a otros fenómenos de carácter social, la Fiscalía aborda la trata de seres humanos y califica como «asombroso», que en España «sigan sin tipificarse los delitos de esclavitud, servidumbre, las formas análogas a la servidumbre ni el trabajo forzoso como delitos con entidad propia y diferenciada» aparejados al fenómeno de la trata. Por ello considera «necesario», proceder a «la tipificación penal de toda forma de proxenetismo».
Por último, la memoria del ministerio fiscal considera «necesario mejorar notablemente» la asistencia social a personas con discapacidad y ancianos que viven en soledad, «ante el incremento de fallecimientos registrados en su domicilio sin que nadie tenga conocimiento de ello», para tener en cuenta «el problema de la vida en soledad de mayores y personas con discapacidad».
