Desde un primer momento, la Iglesia sospechó de los supuestos indicios que apuntaban a que el padre Cecilio Pérez Cruz, cuyo cadáver fue hallado el 18 de mayo, hubiera sido asesinado por no pagar una extorsión.
«Es solo una hipótesis de muchas», pero entre los sacerdotes de El Salvador crece la sospecha de que la muerte del padre Cecilio Pérez Cruz, asesinado el 18 de mayo, pudo ser una represalia por su lucha contra la tala ilegal. Así lo ha afirmado al Catholic News Service (CNS) el padre Esteban Turcios, responsable de derechos humanos de la archidiócesis de San Salvador.
Fueron algunos feligreses de su parroquia, San José de La Majada, los que lo encontraron muerto en su casa. En un principio, los primeros indicios atribuyeron el asesinato a una banda, pues supuestamente al lado del cuerpo del padre Pérez Cruz se encontró una nota que justificaba su muerte por no haber pagado «la renta», un eufemismo de las extorsiones.
Pero monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador, manifestó solo un día después sus sospechas sobre dicha nota y sobre la supuesta implicación de las bandas. Aseguró que el sacerdote no había recibido amenazas en este sentido. El ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez, afirmó que también las autoridades creían que la nota podría ser una estratagema para desviar la atención de las causas reales del asesinato.
Fuertes denuncias
Unos días después, Howard Cotto, director de la Policía Nacional Civil, afirmó que las fuerzas de seguridad no descartan que el asesinato tuviera relación con las denuncias que él hizo sobre la tala de árboles en Juayúa.
El padre Edwin Baños, de la diócesis de Santa Ana y amigo del padre Pérez Cruz, afirmó a CNS que el sacerdote fallecido había «denunciado con fuerza» recientemente la tala de árboles cerca de su parroquia, de la que se beneficiaban económicamente empresarios de alto nivel.
No es la única causa ambientan en la que está implicada la Iglesia en el país, y que pone a los representantes más activos en el punto de mira de la industria extractivista.
Por ejemplo, hace dos años –recuerda el National Catholic Reporter– la presión de la jerarquía católica jugó un papel clave en la aprobación de una ley que convertía al país centroamericano en el primer país del mundo en prohibir la minería. Su preocupación por la extracción de metales se debe a los daños que esta causaba en los ya escasos recursos hidrográficos del país. Ahora, dos años después, la archidiócesis de San Salvador, con su arzobispo a la cabeza, está participando en la lucha contra la privatización del agua.
De confirmarse que su oposición a la tala ilegal fue la causa de su asesinato, el padre Pérez Cruz entraría en un número creciente de personas asesinadas en Latinoamérica por su defensa del medio ambiente.
Según la ONG Global Witness, en el año 2017 (el último del que se dispone de datos) se batió el récord de activistas y líderes comunitarios asesinados: 207, de los cuales el 60 % eran latinoamericanos.
Alfa y Omega
(Foto: CNS)
