La secretaría de Estado de Migraciones firma un acuerdo con Escuelas Católicas para acoger a 350 solicitantes de protección internacional ante la falta de respaldo de Madrid y Barcelona.
«Están ahí, en la frontera, porque hay muchas puertas y corazones cerrados. Los inmigrantes de la actualidad sufren a cielo abierto, sin comida, no pueden entrar, no se sienten acogidos (…). Me gusta ver a las naciones, a sus gobernantes, abriendo el corazón y las puertas». El Papa Francisco ha sido la voz ahogada de los refugiados, el grito que muchos de ellos no han conseguido pronunciar. Durante todo su Pontificado rogó por su ayuda y las congregaciones españolas respondieron. Lo hicieron por «responsabilidad y conciencia humanitaria», también por «coherencia». Así explica Javier Poveda, director del departamento de cooperación internacional de Escuelas Católicas, cómo atendieron a la llamada «de necesidad y urgencia» de Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Migraciones, para ceder «recursos habitacionales» ante el vertiginoso incremento de solicitudes de protección internacional en España. Solo el año pasado se alcanzaron las 55.668 peticiones, cifra récord que sitúa a nuestro país como el quinto de la Unión Europea en cuanto a número de solicitudes.
Respuesta ante una petición «urgente»
«Nos lo pidió la secretaria de Estado ante una situación de desbordamiento. Nos trasladaron la urgencia y la necesidad de ayuda, y nosotros hemos buscado congregación por congregación espacios libres que se pudieran destinar a la acogida», detalla Poveda.
Para hacer frente a la falta de plazas de acogida la Secretaría de Estado de Migraciones no solo recurrió a la Iglesia, también pidió ayuda a ayuntamientos y organizaciones. Pero la respuesta que encontraron fuera de la Iglesia fue muy distinta. Según ha podido saber ABC, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (Ahora Madrid), envió una carta al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en la que les requería que se liberen los albergues de transeúntes y les buscaran una nueva ubicación a los refugiados.
«No basta con decir que se quiere ser un ayuntamiento de acogida, sino que hay que poner los medios necesarios teniendo en cuenta además que estos son financiados por el Gobierno de España», se limitó a contestar Rumí sobre esta cuestión. En concreto, emplazó a este periódico a preguntarle a la alcaldesa. ABC contactó con el Ayuntamiento de Madrid pero no obtuvo ninguna aclaración al respecto.
Refugees Welcome
La alcaldesa que ahora no dispone de espacio para acoger refugiados es la misma que en septiembre de 2015 hizo colgar una pancarta de ocho metros en la fachada del Ayuntamiento de la capital en la que se leía la frase Refugees Welcome. Lo hicieron para mostrar cómo desde los municipios se puede colaborar en este tipo de crisis «desde el afecto y el compromiso con las víctimas de los conflictos bélicos», señalaron entonces. Este periódico también ha podido saber que otros de los llamados «ayuntamientos del cambio», como Barcelona y Zaragoza, así como la corporación de Tres Cantos en Madrid, también se negaron a colaborar con la petición de acogida de refugiados.
Desde el consistorio aragonés se ha negado esta información y se asegura que, por el contrario, han pedido a la Secretaría de Estado gestionar ellos mismos las plazas de las que habitualmente se encargan entidades sin ánimo de lucro especializadas y financiadas por el Estado como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Cruz Roja o Accem. Un portavoz del Ayuntamiento de Barcelona también aseguró a este periódico que no les consta ninguna petición de acogida. Además, dicen, las solicitudes de protección internacional «son competencia del Estado español».
Cabe recordar que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y Carmena se reunieron en el Vaticano el pasado mes de febrero con el Papa Francisco para tratar sobre el problema de los refugiados. «Hemos compartido la satisfacción que supone para una ciudad abrirse», declaró entonces la regidora de Madrid.
Las plazas que ofrecerá Escuelas Católicas, a través de la Federación Española de Religiosos de Enseñanza-Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA), ascienden a 350 y han sido cedidas por cuatro congregaciones: Hijas de la Caridad, Misioneros Redentoristas, Compañía de Santa Teresa de Jesús y Franciscanos Menores Conventuales y están disponibles en Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León. «Pensamos en conventos cerrados y en casas en las que haya habitado alguna comunidad religiosa y haya cerrado por falta de frailes o hermanas; algunos seminarios, noviciados, etcétera», explica Poveda.
El objetivo es doble: «Reforzar el Sistema Nacional de Acogida e Integración de Solicitantes y Beneficiarios de Protección Internacional y, por otra, facilitar la integración de los solicitantes que tienen una situación de vulnerabilidad», explicó Rumí. Dicho sistema cuenta con una red de primera atención y derivación (que atiende, a la llegada, a más de 4.000 personas) y una red de acogida con unas 9.000 plazas gestionadas por el Estado a través de los centros públicos de Acogida a Refugiados (CAR) o de las mencionadas ONGs como Cruz Roja, Cear o Accem, que reciben financiación estatal.
A partir de una primera atención, las personas son derivadas a las distintas plazas, en lo que se conoce como fase 1 o de acogida temporal, que dura entre 6 y 9 meses, y que es en la que participará Escuelas Católicas. Es en esta fase donde se despliega el abanico de servicios como asistencia jurídica, psicológica, aprendizaje de idioma, etcétera, que seguirán siendo provistos por las ONGs, mientras que el organismo católico presta los recursos habitacionales.
La segunda fase (todo el proceso puede extenderse hasta los 24 meses) consiste en darle más autonomía y en ella las personas salen de los centros para participar en programas donde reciben ayuda económica, por ejemplo, para la vivienda. «Pasan de un centro tutelado a una fase de autonomía personal», explica Áliva Díez, coordinadora estatal de acogida de Cear, quien señala que el desbordamiento se debe al incremento de solicitudes de protección internacional y a que «la capacidad estatal para la tramitación es limitada y eso retrasa los tiempos». «Las comisarías ya no pueden formalizar las peticiones en el mismo momento en que la persona la presenta. Lo que hacen es dejar constancia de que se quiere pedir la protección y se le da una cita que, dependiendo de las comunidades, se extiende durante meses».
«El problema es que los itinerarios de fase a fase que siguen las personas se alargan en el tiempo y no hay movilidad de plazas», explica Díez. María Jesús Vega, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en España, Vega reconoce que si bien ha habido un gran aumento de peticiones, «en total, en el mundo, hay 68 millones de personas desplazadas por conflictos en el mundo, y países como Uganda, por ejemplo, acoge a un millón de refugiados, lo lógico es que España, por su posición geográfica y capacidad económica, pueda hacer algo». Sin embargo, señala que para ello es necesario «redimensionar la capacidad de acogida y que vayan a la par las solicitudes, la respuesta a las mismas y la asignación de plazas».
Josefina G. Stegmann/ABC
(Foto: EFE/Juanjo Martin)
«Me amenazaron con prender fuego mi casa»
Estephania Casique llegó a España en 2018. Solicitó protección internacional porque no podía seguir viviendo en su país. «Jamás pensé que tendría que huir, Venezuela es una bomba de tiempo». Tomó la decisión tras ver la imagen del hambre. «Volví a Venezuela tras dos años fuera y vi comer a la gente de la basura, o cómo se agolpaban en la puerta de las casas cuando les daban alimentos». Se posicionó contra el Gobierno y los «colectivos» (grupos civiles armados) la amenazaron con prender fuego su casa» Aún espera que se resuelva su solicitud de protección internacional y sabe de compatriotas que cada vez esperan más. Agradece a España y dice que no volverá a su país.
