Tras los ataques de los últimos días.
La Conferencia Episcopal Venezolana, a través de su Comisión de Justicia y Paz, publicó el 2 de mayo de 2019 un nuevo comunicado. En él, los prelados manifiestan su preocupación ante los hechos sucedidos en las manifestaciones acontecidas en el país a partir del 30 de abril y hasta el 2 de mayo de 2019, en el marco de la “operación libertad” iniciada por Juan Guaidó.
Víctimas
Los altercados, provocados por la violencia contra los manifestantes ejercida por los efectivos de seguridad del gobierno de Maduro, se han saldado con la muerte de 4 personas, 240 detenidos y más de 300 heridos, según el informe de la organización Foro Penal de Venezuela.
Ataques contra la prensa y la Iglesia
En dicho mensaje, los obispos rechazan las “las agresiones a la libertad de prensa” después de que doce trabajadores fueran “víctimas de distintos tipos de violencia”, una emisora fuera robada y tres medios interrumpieran su emisión.
Igualmente, el comunicado condena el ataque violento a la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, en San Cristóbal.
El episcopado señala en el texto que las actuaciones criminales sobrevenidas en las manifestaciones “son contrarias a las obligaciones de respeto y garantía de los Derechos Humanos contemplados en la Constitución Venezolana y son violatorias de los tratados internacionales en la materia suscritos por la República”.
Demandas de la comisión
En consecuencia, la Comisión de Justicia, exige “tanto a los superiores de la Guardia Nacional, SEBIN, PNB, a los efectivos de estos cuerpos de seguridad y a los llamados colectivos, el debido respeto y garantía de los Derechos Humanos, el cese inaplazable del uso criminal de la fuerza letal para el control de las manifestaciones y la inmediata liberación de los detenidos arbitrariamente”.
También solicita que la Asamblea Nacional “determine las responsabilidades de estos hechos a fin de que sean tramitadas ante las instancias correspondientes” y recuerda que “el derecho a la vida y a la integridad personal, el derecho a manifestar, al debido proceso y a la libre expresión del pensamiento, son inviolables” y que el quebrantamiento de los mismos puede conllevar delitos imprescriptibles y no justificables por la obediencia debida.
Finalmente, en el comunicado, firmado por Monseñor Roberto Lückert León -Presidente de la Comisión Episcopal de Justicia y Paz- y por el sacerdote Saúl Ron Braasch- Presidente Vicario General-, exhorta a la oración por “el restablecimiento de la concordia y la fraternidad, por el descanso eterno de los fallecidos, y el consuelo de los familiares de las víctimas”.
LARISSA I. LÓPEZ
