Investigadores de la Universidad Pontificia Comillas realizan un estudio sobre violencia contra los menores en entornos eclesiales de España y Portugal.
La crisis de los abusos sexuales ha supuesto un varapalo para la credibilidad de la Iglesia, pero también «representa una inmensa oportunidad para pararse a pensar y empezar a hacer las cosas bien». Así lo cree Clara Martínez, directora de la Cátedra Santander de Derecho y Menores de la Universidad Pontificia Comillas, la entidad que, junto a la ONG Save the Children, marcó las líneas rectoras de la Ley Orgánica para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, aprobada el pasado 28 de diciembre, y en la que las fuerzas parlamentarias, asesoradas por estas dos entidades, venían trabajando desde 2015.
Por encargo de la fundación holandesa Porticus, desde comienzos de curso, la cátedra lleva a cabo una investigación sobre la violencia contra menores (sexuales y de otros tipos) en entornos eclesiales en España y Portugal. La muestra incluye a las 20 diócesis y a las 40 congregaciones religiosas de la península ibérica con mayor presencia en el ámbito de la pastoral infantil y juvenil, y pretende «ofrecer una foto sobre cómo estas instituciones están implementando las medidas tanto de la Santa Sede como de la Convención sobre los Derechos del Niños para crear espacios seguros», explica Martínez. La investigación se cerrará a finales de junio, si bien, más allá de una panorámica general, «no está previsto publicar ningún dato que identifique a personas ni a instituciones, por respeto a la confidencialidad y para no disuadir a los afectados de colaborar con el estudio». El objetivo, en todo caso, «no es revelar casos ocultos. Más bien se parte de un enfoque eminentemente positivo de prevención», con el propósito de ayudar a que las instituciones apliquen medidas efectivas de «buenas prácticas». La Conferencia Episcopal, por medio de su secretario general, ha sido informada de estos trabajos y «ha expresado sus apoyo».
Propuesta de colaboración a Roma
También lo ha hecho el jesuita Hans Zollner, presidente del Centro para la Protección de Menores del Vaticano (CCP, por sus siglas en inglés), y una de las figuras centrales en la estrategia de la Santa Sede contra los abusos sexuales. Durante su visita la pasada semana a Madrid, Zollner se reunió con el personal de la cátedra de Comillas para estudiar posibles vías de colaboración. «El trabajo del CCP es multidisciplinar: psicológico, pastoral, canónico…, pero les falta la rama legal [civil], porque entienden que la legislación cambia de país en país», explica Martínez. No obstante, «en la medida en que, salvo Estados Unidos, todos los países del mundo han ratificado la Convención de los Derechos del Niño (cosa distinta es que la cumplan), se trata de derecho interno de esos estados, y por tanto hay un mínimo jurídico común internacional».
Zollner, añade la directora, destacó que es necesaria la investigación empírica (habló de «una alianza con la realidad») para combatir y prevenir con eficacia los abusos contra menores, y defendió un trabajo «en red». «¿Qué está pasando en la Iglesia? Cada uno sabe lo que está haciendo en su diócesis, en su congregación, en su escuela…, pero está visto que ese modelo no está funcionando. Hay protocolos muy mal hechos, algunos son el ejemplo de todo lo que no se debe hacer. ¿Por qué no sumamos recursos humanos, intelectuales, económicos… y trabajamos alineados?».
La investigación de la Cátedra Santander de Derecho y Menores es la segunda en su género, después de la iniciada en 2018 por las universidades del País Vasco, Barcelona y la Oberta de Catalunya, sobre abusos sexuales (a menores y adultos) en contextos eclesiales. El único precedente en España en la materia es la investigación publicada en 1994 por el catedrático de Psicología de Sexualidad en la Universidad de Salamanca Félix López Sánchez, encargada por el Ministerio de Asuntos Sociales, según la cual algo más del 4 % de abusos sexuales a menores han sido cometidos por clérigos.
Los abusos sexuales cuestan 1.000 millones al año
La ausencia de datos en España sobre abusos contra menores no es exclusiva de la Iglesia. «Uno de los capítulos en el que el Comité de Derechos del Niño [el organismo de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño] más nos llamó la atención en sus últimas observaciones, en febrero de 2018, fue precisamente este», subraya Clara Martínez. El origen del problema está en las comunidades autónomas, que en muchos casos no solo incumplen su obligación de remitir la información sobre violencia contra los menores al Gobierno central, sino que ni siquiera cuentan con definiciones sobre estos delitos homologables y comparables entre sí. «Hasta que no sepamos exactamente lo que hay, vamos a estar dando palos de ciego», añade la experta, que recuerda que, para el Consejo de Europa, está fuera de dudas el dato de que uno de cada cinco menores sufre violencia sexual. Fruto de esa señal de alarma ha sido la aprobación de la Ley para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia. Sin embargo, «seguimos sin datos sobre la magnitud del problema o sobre la eficacia de las medidas llevadas a cabo».
Martínez alude a la macroencuesta sobre violencia de género llevada a cabo en 2015, según la cual «una de cada tres adolescentes aceptan una violencia de control por parte de sus parejas, lo cual nos mostró que teníamos un problema serio a pesar de todo lo que estábamos haciendo, que claramente no estaba funcionando». Algo similar sospecha que está sucediendo hoy en materia de abusos sexuales y otras formas de violencia contra la infancia, y alude a las menores con discapacidad y a los abusos en ámbitos deportivos, realidades de las que «solo ahora estamos empezando a ver la punta del iceberg».
Lo que sí tiene la cátedra de Comillas es una estimación sobre el coste económico de los abusos sexuales a menores. En un estudio elaborado junto a la fundación Educo, presentado en diciembre, se evalúa en 97.000 el número de menores que sufren esta forma de violencia. Las secuelas a menudo acompañan a la víctima de por vida. Al sumar los costes para la Administración simplemente en forma de gastos médicos, bajas laborales, procesos judiciales…, «tirando siempre por lo bajo», la cifra resultante es de 970 millones de euros al año.
«A quien no le convenza todavía el enfoque de derechos humanos, al menos este argumento debería terminar de hacerle ver la gravedad de la situación», añade Martínez. Y eso –añade– debería llevar a implicar en la prevención a todos aquellos que trabajan con niños. «Esto es lo que hacen ya los profesionales sanitarios, que no se limitan a decir: “Uy, qué herida más fea”, sino que ante la sospecha de que no haya sido accidental, asumen que su obligación es alertar a quien corresponda para que intervenga. En el ámbito educativo, debería suceder lo mismo. No puede ser que un profesor piense que su trabajo es enseñar matemáticas y el resto ya no es cosa suya. Ni que todavía haya instituciones que digan que este problema a ellos no les afecta, que ellos no tienen casos. No es verdad, simplemente esos casos todavía no han salido a la luz».
Ricardo Benjumea
Imagen: Clara Martínez y el decano de Teología de Comillas,
Enrique Sanz, flanquean a Hans Zollner junto a otros miembros
de la Cátedra Santander de Derecho y Menores.
(Foto: Universidad Pontificia Comillas)
