El secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, manifiesta muchas dudas acerca de que el proyecto educativo del Gobierno llegue a aprobarse e incluso, si lo hace, pueda entrar en vigor. En cualquier caso, la patronal católica sigue manteniendo contactos con el Ejecutivo de Sánchez para buscar acuerdos –ya ha habido tres reuniones–, aunque ve al presidente «muy condicionado» por sus apoyos parlamentarios.
La escuela concertada católica sigue inmersa en la incertidumbre por la política educativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez y por algunos gobiernos autonómicos como Valencia o Aragón. La ecuación es la misma: gobierna el PSOE en minoría con apoyos de Podemos o sus confluencias. Es en este contexto en el que centros educativos, padres y profesores que apuestan por la libertad de elección se ven presionados por decisiones administrativas, anuncios legislativos o posibles cambios criterios tributarios.
En estos momentos, el foco está sobre el anteproyecto de ley educativa, que está dando sus últimos pasos como tal, pues según la ministra Celaá es cuestión «de días» que sea aprobado por el Consejo de Ministros como proyecto y se envíe al Congreso de los Diputados para su tramitación. Eso sí, antes de que suceda esto, el Consejo de Estado tiene que emitir su dictamen que, aunque es obligatorio al tratarse de una ley orgánica, tiene solo carácter consultivo.
La situación a día de hoy sigue siendo la misma: no hay consenso aunque la ministra se apresure a negarlo. Quedó patente a principios de enero en la reunión del Consejo Escolar del Estado para abordar el texto legislativo. «En nuestro caso, no estamos de acuerdo con algunos puntos de la reforma ni con le proceso que se ha seguido, muy apresurado», explica a Alfa y Omega José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas.
A pesar de las negociaciones que han mantenido con la ministra, Isabel Celaá, y con el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana –se han visto hasta en tres ocasiones–, Alvira reconoce que siguen existiendo «discrepancias de fondo». Tienen que ver con la demanda social, cuya expresión sigue sin figurar explícitamente aunque sí se tengan en cuenta la elección de los padres; y también con la libertad de enseñanza, «que no la destacan tanto». Sin embargo, reconoce a los responsables del Ministerio de Educación que estén tratando de buscar acuerdos, que haya habido reuniones, hayan sido escuchados y hayan podido hacer sugerencias. Y seguirán haciéndolo hasta donde puedan, aunque, según Alvira, son conscientes de que «el Gobierno está muy condicionado por sus apoyos parlamentarios y creemos que ve la derogación de la Lomce como un trofeo político».
Aun así, el secretario general de Escuelas Católicas mantiene dudas, dada la situación actual del Ejecutivo de Sánchez, acerca de si el proyecto legislativo llegará a buen puerto y, en el caso de que lo haga, si llegaría a implantarse. Por plazos y situación política, todo parece indicar que no.
Alarma por las aportaciones
Otra de las cuestiones que ha generado alarma en la concertada tiene que ver con las aportaciones voluntarias de los padres a las fundaciones que son titulares de los centros. Como estas no son obligatorias ni tienen una contraprestación, los padres hasta ahora se las desgravaban en la declaración de la Renta. Todo bien hasta que, según Alvira, «se levanta demasiada alarma tras una respuesta escrita del Gobierno que no dice nada nuevo y su publicación en algunos medios de comunicación». «Nosotros hemos pedido calma y tranquilidad. De hecho, el propio Ministerio de Hacienda ha reconocido que ni la legislación ni las instrucciones han cambiado. Lo cual está bien. Es posible que haya habido algún error en algún caso o un exceso de celo de algún inspector, que no puede hacer una valoración de si una donación a una fundación tiene contraprestación. Es evidente que esa aportación puede repercutir en el hijo del donante, pero como repercuten en los fieles las donaciones que hacen en la parroquia o en nuestra salud y medio ambiente si donamos a Greenpeace», explica.
Este problema, el de las aportaciones, esconde otro más profundo, que es el de la infrafinanciación de la escuela concertada. Los datos son claros: el Estado dedica un 12,3 % del gasto de educación a la escuela concertada cuando escolariza al 25,9 % de los alumnos, mientras que la enseñanza pública, que acoge al 67,3 % recibe el 87,7 % de la financiación. ¿Qué significa esto? Que un alumno de la concertada cuesta la mitad que uno en la pública y rebate el mito de que esta opción educativa le resta fondos a los centros estatales.
Campaña #YoElijo
Según Vicente Morro, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia, «el precio escolar es más barato en la concertada» y, aunque no lo fuera, «el dinero público también es de los ciudadanos que elegimos la concertada para nuestros hijos». Morro es, además, el portavoz de la campaña #YoElijo, una iniciativa innovadora que pretende movilizar al conjunto de la sociedad en defensa de la educación en libertad. Se centrará en las redes sociales y en los colegios para dar respuesta a la «vulneración de libertades que amenaza a nuestra sociedad, y que atenta también contra los derechos de los titulares a crear centros y contra el de los docentes a desarrollar su labor en un centro de su elección, además de peligrar sus puestos de trabajo».
La campaña, que integra a 730 colegios, más de 150.000 familias, las diócesis de la Comunidad Valenciana, Escuelas Católicas y Concapa, entre otras, quiere defender la libertad de los padres de una manera positiva y presentar los datos objetivos que desmontan algunos de los mitos que existen sobre la educación concertada. Un ejemplo: desde algunos sectores ideológicos se insiste en que no hay atención a la diversidad en estas escuelas, cuando los datos dicen que en centros públicos el 2,9 % de los alumnos tienen necesidades especiales, el 2,8 % en los concertados.
«Apelamos a una libertad fundamental: el derecho de los padres constitucionalmente reconocido que debe garantizarse de manera eficaz, derecho a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones. No es la Administración, el Estado, el que decide o concede como gracia esa libertad a los padres, porque es un derecho inalienable», afirmó el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, durante la presentación de la iniciativa. Y dijo más: que no es una cuestión de acuerdos con la Santa Sede, sino de la Constitución, de derechos fundamentales «que usted (dirigiéndose a Pedro Sánchez) debe respetar, y si usted no quiere elegir, perfectamente está en su derecho, pero debe respetar».
Fran Otero
Imagen: Presentación de la campaña #YoElijo
que varias instituciones han puesto en marcha
en la Comunidad Valenciana para defender la libertad de educación. (Foto: Yo elijo Educación)
