En la tarde del 15 de enero se reunieron los representantes de CONCAPA con la Ministra y el Secretario de Estado de Educación, Isabel Celaá y Alejandro Tiana, en un encuentro que trascurrió dentro de la cordialidad, para trasladar las peticiones de las familias de la Confederación a los representantes ministeriales ante la inquietud generada por la forma en que se está realizando la tramitación de la reforma educativa que quiere poner en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez.
El Presidente Nacional de CONCAPA, Pedro José Caballero, junto a los representantes de Andalucía (María Luisa Lucena), Comunidad Valenciana (Julia Llopis) y Región de Murcia (Víctor Escavy), transmitieron a la titular del Ministerio su disconformidad y preocupación por la imposición de un anteproyecto de ley con graves disposiciones que, según CONCAPA, afectan a la libertad de enseñanza, sin el más mínimo diálogo y consenso y teniendo en cuenta que a los padres no se les había escuchado, siendo los primeros responsables de la educación de sus hijos.
Caballero señaló a la Ministra que CONCAPA representa en la actualidad a más de tres millones y medio de familias presentes en más de 3.000 colegios, tanto de la red de iniciativa social -concertada- como de la pública, siendo el 30% aproximadamente del sistema educativo español.
CONCAPA puso sobre la mesa las razones que le llevan al rechazo de esta ley como que: se escuda en una urgencia educativa que no existe puesto que los aspectos más controvertidos de la LOMCE no se están aplicando; carece del más mínimo consenso y participación; asfixia el derecho a la libertad de enseñanza al omitir cualquier referencia a la libertad de enseñanza; restringe el derecho de las familias a elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos puesto que elimina el concepto de “demanda social”; suprime la referencia a los padres como principales responsables de la educación de sus hijos; relega a la enseñanza concertada a un papel secundario cuando la legislación nacional e internacional reconoce su carácter complementario, buscando la equidad de las redes; no incorpora ninguna medida que mejore las condiciones de los profesores en los centros concertados -incluso elimina como criterio prioritario en la admisión de alumnos que el padre o la madre del niño trabajen en el centro-; conculca el derecho a la dirección de centro de los titulares al incluir un representante del ayuntamiento en el consejo escolar de centro a modo de “comisario político”; suprime cualquier tipo de referencia a la asignatura de Religión, los profesionales que la imparten y su valor académico, devaluándola totalmente; omite las necesarias previsiones económicas para hacer frente al coste real del puesto escolar; adopta algunas medidas académicas dudosas como reducir los requisitos para promocionar o limitar u ocultar el conocimiento de las pruebas de diagnóstico, entre otras.
También se habló sobre acoso escolar, bilingüismo, refuerzo del castellano en Comunidades Autónomas con lenguas cooficiales, mesa sectorial de la concertada, consejos escolares, leyes LGTBI y de ideología de género, fracaso escolar y abandono temprano, modificación y actualización de los currículos, Formación Profesional, confederaciones, federaciones y asociaciones de padres y su importancia en la formación de las familias, etc.
Aunque muchos fueron los temas que se pusieron sobre la mesa, por parte de la titular del Ministerio y su Secretario de Estado se nos transmitió el compromiso de contar con la opinión de las familias y con nuestra organización, puesto que entienden que es preciso realizar cambios en educación, con el compromiso efectivo del Presidente de CONCAPA de trabajar conjuntamente con el Ministerio en todo lo referente a la educación de nuestros hijos, en busca de la libertad y calidad educativa, desde el consenso y el dialogo, y respetando la pluralidad de la sociedad actual, sin exclusiones y contando con lo que cada uno pueda aportar para mejorar el sistema educativo de nuestro país. El pacto educativo debe de seguir vivo y se debe trabajar intensamente para poder, entre todos, llegar a un gran acuerdo de estabilidad educativa en España con un horizonte no inferior a 10 años, sacando a la educación de la política.
