La sesión celebrada el 8 de enero, revela que no existe el necesario consenso en esta contrarreforma educativa que defiende la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. El informe presentado por la Comisión Permanente ante el Pleno, fue aceptado por un exiguo margen de dos votos.
La mayoría de organizaciones destacaron su rechazo a las formas y al procedimiento seguido por el Ministerio en la tramitación de su Anteproyecto de Ley. El Pleno aprobó 120 enmiendas presentadas por distintas organizaciones y, contrariamente a lo manifestado por el Presidente del Consejo Escolar del Estado y por el propio Ministerio en su comunicado de prensa, las enmiendas que se nos rechazaron no pretendían continuar con el espíritu de la LOMCE, sino mejorar el texto a partir del consenso y buscando acuerdos básicos.
Hubo muchas voces que recordaron al Ministerio que está cayendo en los mismos errores que criticaron como oposición durante la tramitación de la denostada reforma educativa anterior. Aunque el Ministerio insiste en vender el diálogo y el consenso para sacar adelante la octava ley educativa de la democracia, son precisamente esas condiciones las que más se echan en falta.
Quienes ahora sostienen al Gobierno provocaron en el mes de marzo la ruptura de los trabajos encaminados a conseguir un Pacto por la Educación. Poco después, el pasado 14 de diciembre, el Gobierno lleva su anteproyecto al Consejo de Ministros en primera lectura, tras un trámite apresurado de audiencia e información pública totalmente desatendido por los responsables ministeriales y en el que no se respetaron los plazos. Es una reforma exprés con un alto contenido ideológico que responde a un interés político, electoral y partidista que no proporciona la estabilidad necesaria que requiere el sistema educativo. El sector de la concertada lamenta la falta de voluntad por alcanzar acuerdos en este sentido.
Las organizaciones del sector: Escuelas Católicas, CECE, CONCAPA, COFAPA, FSIE y FEUSO, consideran que lo acontecido ayer en el Pleno del Consejo Escolar del Estado constituye una llamada de atención al Ministerio de Educación para que atienda sus demandas y se apruebe una ley de mayor consenso, a la vez que recuerdan las razones que les han llevado a rechazar el cambio en la legislación educativa española que propone el Gobierno:
- Se escuda en una urgencia que no existe y carece del más mínimo consenso.
- Restringe el derecho de las familias a elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos y asfixia el derecho a la libertad de enseñanza, relegando a la escuela concertada a un papel subsidiario.
- No incorpora ninguna medida que mejore las condiciones de los profesores de los centros concertados.
- Conculca el derecho a la dirección de centro.
- Omite las necesarias previsiones económicas para hacer frente al coste real del puesto escolar.
- Suprime las referencias a la asignatura de Religión y adopta algunas medidas académicas de dudosa eficacia.
Por todo ello, el sector de la concertada espera que sus propuestas y enmiendas sean atendidas, tal y como se comprometió a hacer el propio Ministerio de Educación, y exige por lo que realmente es urgente para nuestro país: un verdadero consenso político y social en educación.
