La entidad también se ha mostrado preocupada en un comunicado por la falta de «referencia explícita» a la Religión en la reforma de la ley educativa o porque se suprima el término demanda social en la planificación de la escolarización y se sustituya por «una redacción confusa»
Escuelas Católicas ha mostrado su preocupación porque no hay «referencia explícita» a la regulación de la asignatura de Religión en el borrador del anteproyecto de ley que reformará la LOMCE aprobada en 2013 por el Partido Popular, que está preparado el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
«Nos preocupa que en una posterior regulación, el Ministerio se apoye en sus propuestas iniciales, donde había una contradicción entre la intención de reducir su valor académico y el proclamado respeto a los acuerdos Iglesia-Estado», ha aseverado la asociación de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza-Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA) y de Educación y Gestión (EyG).
Esta es una de las cuestiones que preocupan a Escuelas Católicas, junto a otras como que se suprima el término ‘demanda social’ en la planificación de la escolarización y se sustituya por «una redacción confusa». Según la asociación, la eliminación de la demanda social supone «omitir cualquier referencia a la libertad de enseñanza, algo extremadamente preocupante».
Además, Escuelas Católicas ha indicado que aunque en la exposición de motivos del anteproyecto de ley «se proclama la autonomía de los centros, no queda suficientemente garantizada en la práctica». «El principio de autonomía pedagógica y organizativa queda limitado por someter a los centros a un mayor control de la administración y del consejo escolar», ha remachado.
Respecto al Consejo Escolar, critica que «pasa de ser un órgano de participación y control a ser un órgano de gobierno y control», y se vuelve a introducir la figura del «comisario político», un representante municipal cuya presencia «no tiene razón de ser en los centros concertados, puesto que son de titularidad privada y los ayuntamientos no hacen ninguna aportación de fondos, a diferencia de lo que ocurre en los centros públicos».
Asimismo, considera que las medidas pedagógicas planteadas en el anteproyecto de ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica de educación requieren de «un análisis más detallado ya que aún conteniendo aciertos, presentan aspectos discutibles».
Por otro lado, ha criticado que el Gobierno, «hasta el momento», no ha otorgado a la comunidad educativa «la más mínima posibilidad de hacer propuestas, contradiciendo manifiestamente su compromiso de actuar con consenso y alegando una urgencia que lejos de ser educativa responde únicamente a intereses políticos».
«Lo último que necesita nuestro sistema educativo es otro cambio legislativo sin consenso que siga sometiéndolo a continuos vaivenes. La actuación del Gobierno en este terreno necesita de una mínima dosis de coherencia entre el acuerdo que proclama buscar con la comunidad educativa y el menosprecio con el que está tratando a una parte de la misma», ha zanjado.
Europa Press
(Foto: Valerio Merino)
