Tras un largo proceso de investigación, el Servicio Jesuita a Migrantes ha presentado el informe Visibilizar lo invisible. El documento pone de manifiesto las duras condiciones a las que se suman las trabajadoras del hogar de origen migrante, un colectivo de especial vulnerabilidad sobre el que se concentran todo tipo de opresiones.
Las profesionales encuestadas asegurar sufrir el frecuente incumplimiento de la normativa laboral por parte de sus empleadores. Menos de la mitad de ellas tiene contrato, el cual es incumplido por los empleadores en el 60 % de los casos, y una amplísima mayoría excede las 60 horas de trabajo semanales. La elevadísima frecuencia de estas infracciones suele provocar en las trabajadoras, según Pilar Cruz Zúñiga, «una normalización de las condiciones indignas porque no les queda otra opción». Para la autora del informe, «sin el área de los cuidados no existirían el resto de sectores de la sociedad», por lo que esta precarización responde a una lógica de mercado que oculta la existencia de los cuidados como si fueran un motivo de vergüenza.
Esa no es la única ni la peor dificultad a la que se enfrentan las trabajadoras del hogar. Debido a su condición de mujeres y migrantes, la concepción del servicio doméstico se combina con el racismo y el machismo. Como resultado, las injusticias que sufren normalmente se invisibilizan hasta caer en el olvido llegando al extremo, recalca Cruz Zúñiga, de que «la propia forma de dirigirse a la trabajadora ya sea vejatoria».
«Te chupan la sangre»
Esa ha sido la experiencia de Felicidad, una limpiadora boliviana que se puso en manos de una ONG jesuita para poner fin a su situación. «En Pueblos Unidos me dieron un trabajo de ocho meses y realizan un trabajo de acompañamiento para que la gente no pase lo que yo», comenta. Acostumbrada a la economía sumergida y a las agencias de colocación a las que describe como «un bicho que te chupa la sangre», para Felicidad fue muy ilusionante la ayuda de Pueblos Unidos para conseguir un empleo sin pagar ninguna comisión pues, como confiesa, «a veces sufrimos extorsión de nuestros propios compatriotas y por colocarnos nos piden un porcentaje del sueldo a fin de mes».
El cobro de comisiones es una cuestión que también denuncia Rafaela Pimentel, miembro del colectivo de trabajadoras Territorio Doméstico y empleada del hogar de origen dominicano, quien reconoce que «es complicado exigir derechos en un trabajo propio del ámbito privado, pero si nos organizamos podemos». La activista declara que sus compañeras están «en pie de lucha y rebeldía» para entrar en el régimen general de la Seguridad Social en vez del especial, que les reconoce menos derechos. «Estamos exigiendo unos derechos que tienen todos los trabajadores del mundo, nada distinto a los demás», sentencia.
Rodrigo Moreno Quicios
Imagen: «¿Por qué no podemos tener vacaciones?», se pregunta Rafaela Pimentel,
del colectivo de trabajadoras Territorio Doméstico.
(Foto: Rodrígo Moreno Quicios)
A cargo de otras familias, sin tiempo para las suyas
Las situaciones a las que se enfrentan las trabajadoras del hogar exigen una gran implicación emocional, una habilidad que rara vez se les reconoce. A menudo son estas profesionales las encargadas de los niños y ancianos de otras familias. «Es un ejército invisible que carga a sus espaldas con la falta de cuidados del Estado», comenta Pepa Torres, miembro de Territorio Doméstico y del Observatorio Janeth Beltrán, que defiende los derechos de este colectivo.
En numerosas ocasiones, las trabajadoras manejan conflictos complejísimos y asumen la tarea de reconstruir las familias en las que trabajan. «Nos dejan al cuidado de lo más valioso, que es un hijo o un padre. ¿Entonces por qué no pagan justamente? Una vez le dije a una señora que, si lo que me pagaba le parecía tanto, que dejara su trabajo en el banco para cuidar a sus hijos», revela Felicidad
Trabajadoras del hogar como la boliviana Felicidad no pueden dedicar a su propia familia los cuidados que ofrecen a las de sus empleadores, por lo que deciden dejarlos en su país y les envían el dinero que ganan cada mes, una práctica que Pepa Torres define como «cuidados transnacionales a través del locutorio». En el caso de Felicidad: «Cuando veía que las compañeras querían traer aquí a sus hijos les preguntaba para qué», pues era consciente de que el cuidado de otros hijos es tan absorbente que difícilmente podrían atender a los suyos.
Las imposibilidad de las empleadas del hogar para conciliar su vida familiar tiene un origen claro: las larguísimas jornadas laborales a un salario de miseria. Según el informe Visibilizar lo invisible, la mitad de las trabajadoras externas descansa menos de ocho horas entre jornada y jornada y un 44 % cobra por debajo del mínimo que marca la ley. Un caso especialmente sangrante en las internas, quienes a menudo solo cuentan con un solo día de descanso, cuando no renuncian a librar porque necesitan el dinero.
Todo este conjunto de abusos ha despertado la conciencia de las trabajadoras del hogar quienes solicitan a España la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional el Trabajo, que amplía los derechos de las trabajadoras del hogar. Otros miembros de la UE ya lo han ratificado.
Ante la falta de repuestas institucionales, Felicidad acudió a Pueblos Unidos y, con su respaldo, pudo enfrentarse a las situaciones de explotación con la cabeza bien alta. «Cuando yo negocio un contrato pregunto ante qué voy a responder, es algo que he aprendido en Pueblos Unidos, conozco mis derechos», asegura orgullosa de haberse beneficiado de un proyecto con el que ha acabado colaborando activamente, ayudando a otras mujeres. «Cuando libro los sábados, voy a este centro, tomo café con otras personas y hablamos de solidaridad. Siempre he ayudado a las trabajadoras del hogar a que se organicen. A mis compañeras les digo que la vida no es solo trabajar, comer y dormir, que muchas veces es lo único que les dejan hacer», protesta enérgicamente.
Esta solidaridad entre trabajadoras, según Pepa Torres, «ha revitalizado una lucha que en España estaba en el armario» y que se materializa en las más de 70 propuestas que ha presentado el Observatorio Janeth Beltrán al Gobierno, demandando unas condiciones laborales dignas.
