En España viven casi cuatro millones de personas con discapacidad. De ellas, algo más de 100.000 permanecen ingresadas en centros psiquiátricos o han sido declaradas incapaces judicialmente. Ninguna puede votar.
Durante cuatro décadas, diversas organizaciones reclamaron que terminara esa injusticia. Por ejemplo, el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) o las asociaciones Plena Inclusión o Down España. También el Defensor del Pueblo, que pidió que se derogara la ley vigente por oponerse a la legislación internacional, que exige la plena reintegración en sus derechos de sufragio activo de las personas con discapacidad.
La ley vigente es de 1985 y responde a la sensibilidad social de su tiempo. Sin embargo, la realidad la ha superado, convirtiéndola en una barrera para ejercer un derecho constitucional. ¿Consecuencia? Se envía un mensaje demoledor a las personas con discapacidad: no sois como los demás, valéis menos. Por ejemplo, personas con autismo o síndrome de Down, que pueblan las periferias existenciales y que, a veces, surgen para recordarnos que siguen aquí, vivos. La maravillosa película Campeones –la apuesta española para los Óscar– es el último ejemplo.
Resulta alentador que estas personas recuperen el derecho a votar. Un derecho fundamental que no debe restringirse de manera general y permanente cuando es posible realizar una evaluación judicial individualizada. Porque la clave no está en la capacidad de discernimiento ni en el acto de votar, sino en la dignidad de la persona, en su libertad. De otro modo, ¿por qué pueden votar las personas con alzhéimer o los grandes dependientes o los que sufren una adicción?
Detrás de esta noticia hay mucho trabajo, pero no solo de los afectados. También de políticos preocupados por el bien común, que los hay. Por ejemplo, el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Íñigo Alli, que antes fue consejero foral de Bienestar Social. En febrero de 2017 presentó una proposición para terminar con esta discriminación olvidada por los partidos e ignorada por la Administración. Algunos partidos no lo apoyaron e incluso dificultaron su tramitación. Vivir para ver.
Este proyecto de reforma de la Ley Electoral dignifica la política. También por cómo se aprobó: unanimidad de los 350 parlamentarios. Después de la votación, decenas de jóvenes con síndrome de Down repartieron claveles y sobres electorales en las puertas del Congreso. Con un poco de suerte, votarán en las Autonómicas andaluzas del 2 de diciembre. Si no, les esperan las Europeas de mayo de 2019. Esa imagen, cuando se produzca, será histórica: después de casi cuatro décadas un enorme grupo de españoles habrá alcanzado la igualdad. Y eso hay que celebrarlo.
Ignacio Uría @Ignacio_Uria
(Foto: PSOE)
