Defiende que se cumplió la legalidad vigente durante el proceso y que la propiedad de la Iglesia garantiza la conservación de estos edificios y templos.
Cerrado el capítulo de la Sagrada Familia con el Ayuntamiento de Barcelona, en el que la junta constructora del templo de Gaudí se compromete a colaborar económicamente con la urbanización, la movilidad y el mantenimiento del entorno (36 millones de euros), la Archidiócesis de Barcelona convocó este miércoles a los medios para resolver las dudas generadas en la sociedad por la cuestión de las inmatriculaciones. La apuesta de la sede que preside el cardenal Juan José Omella siempre ha sido en este sentido por «el cumplimiento escrupuloso de la legalidad» y por la transparencia en la regulación de unos bienes «que ya eran del pueblo de Dios». Y así lo ha querido transmitir.
Desde el arzobispado catalán aseguran que los bienes inmatriculados en el periodo que habilitó el Gobierno del PP con la modificación de la legislación hipotecaria en 1998 –hasta ese momento se prohibía el registro de lugares de culto– siempre han sido de la diócesis, «bienes que creó, que ha conservado y cuidado con diligencia, y que siempre han estado a disposición de todos, creyentes y no creyentes, y también para la difusión cultural de nuestro patrimonio».
En este sentido, señalan que la posibilidad de inmatricular un bien solo se produce si hay propiedad, que puede ser mucho más antigua que el registro. «Somos pueblo y estamos a su servicio. Las iglesias, casas parroquiales, locales de Cáritas… han sido, son y serán lugares siempre abiertos a todos los ciudadanos, sea cual sea su condición y creencia, para darles servicio espiritual pero también asistencial, social o educativo. El mantenimiento de estos edificios y de todas sus actividades a favor de la sociedad a la que pertenece se ha encarado por parte de la Iglesia con espíritu cristiano y sin pedir nada a cambio. Y así ha sido desde siempre», afirman.
Además, se recalca que la propiedad de la Iglesia garantiza el cuidado y la conservación de los bienes, como ha venido demostrando. También que cumple con sus obligaciones impositivas y que la exención de algunos impuestos en absoluto constituye un trato de favor con la Iglesia, pues también disfrutan de ellos –por ejemplo, en el caso del IBI– las ONG, edificios del Estado, edificios históricos, Cruz Roja, SGAE, fundaciones y asociaciones…
F. O.
(Foto: REUTERS/Albert Gea)
