La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo (PSOE), defendió hace algo más de una década, tanto en declaraciones como en decisiones que adoptó como ministra de Cultura, que la Mezquita-Catedral de Córdoba forma parte del patrimonio de la Iglesia. A pesar de ello, la número dos del Gobierno de Pedro Sánchez llegó a formar parte de la comisión municipal de expertos del Ayuntamiento de Córdoba, que asegura que el templo es una propiedad de dominio público y que el Estado ha de iniciar acciones legales para su reversión.
Como ministra de Cultura, Calvo se negó a adquirir una partida de vigas procedente de la Mezquita-Catedral que se subastaban en Christie’s por 1,5 millones de euros. Aseguró, rotunda, que esas piezas habían salido de una «propiedad privada» y que correspondía a la Iglesia intentar su recuperación. Las declaraciones se realizaron apenas una semana después de la inmatriculación de la Mezquita-Catedral, en marzo de 2006.
De aquella época data también la firma entre el Ministerio y el Obispado de Córdoba, donde se consensuó la obra estrella del Plan Nacional de Catedrales, la restauración del Coro y el Crucero de la Mezquita-Catedral. El acuerdo que dio forma al plan se efectuó bajo la tesis de que el Estado reconocía los derechos de la Iglesia sobre esos bienes. En su etapa como consejera, Calvo llegó a formar un frente común con los obispos andaluces con el objetivo de que la entonces ministra, Esperanza Aguirre, aumentase las partidas.
L.M. y R. R./ABC
Imagen: Carmen Calvo saluda a Juan Moreno,
entonces presidente del Cabildo Catedral, en 2006.
(Foto: Valerio Merino)
