Reconoce que es posible que se hayan cometido errores y apunta que son subsanables como ya se ha hecho en alguna ocasión.
El portavoz del Arzobispado de Zaragoza, José Antonio Calvo, reconoció que no tiene «miedo» a ir a los tribunales para defender la propiedad eclesiástica de los bienes inmatriculados y que la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de España podría reclamar como propiedad del Estado.
En declaraciones a Europa Press, señaló que para formalizar las inmatriculaciones se ha seguido «la legislación y criterios históricos», de forma que puede haberse producido «algún error», pero «no en todos los casos».
De hecho, en otra entrevista, esta en la Cadena Cope, insistió en que al inmatricular estos bienes cualquier persona que haya visto lesionado su derecho de propiedad puede acudir al Registro de la Propiedad y mostrar su título de dominio, recurriendo a la Justicia si así lo considera.
José Antonio Calvo recordó que la Dirección General de Patrimonio ya manifestó en un dictamen que los templos que se habían puesto en cuestión por parte del Ayuntamiento de la capital aragonesa –La Seo, La Magdalena y Santiago Apóstol– son templos «de propiedad indiscutible del Arzobispado» y, por tanto, no tiene cabida recurso alguno para revertir esa titularidad.
El portavoz del Arzobispado dijo que «no albergamos ningún tipo de temor o miedo» hacia el listado de bienes que está elaborando la Dirección General, argumentando que todos los templos y otros bienes inmuebles se han inmatriculado «ajustándonos a la legalidad y a las pruebas de que disponíamos».
Y calificó de «radicalmente falso» que la Iglesia haya inmatriculado bienes utilizando una ley de la época franquista, mencionando la normativa aprobada por el Estado durante la etapa de José María Aznar y épocas anteriores, aunque desvinculó esta polémica de la memoria histórica.
Finalmente, agregó que «se confunde» el concepto de bien de dominio público con el de bien de interés cultural, subrayando que hay bienes BIC que son propiedad privada, tras lo que ha recordado que el artículo 46 de la Constitución establece la obligación de los poderes públicos de garantizar la conservación del patrimonio artístico, histórico o cultural de España independientemente de su titularidad.
Alfa y Omega
(Foto: Fabian Simón)
