Las organizaciones que aglutinan la enseñanza concertada –centros, familias, profesores…– abogan por dar un voto de confianza a la ministra Celáa. Buscan agotar todas las vías de diálogo. Eso sí, si pone en marcha medidas que atenten contra la libertad educativa acudirán a la justicia y saldrán a la calle
La política educativa no ha escapado a los vaivenes que han caracterizado los primeros 100 días del Gobierno de Pedro Sánchez después de que fructificase la moción de censura contra Mariano Rajoy. La ministra Isabel Celáa, la elegida para dirigir esta importante cartera, soliviantó nada más llegar, en una entrevista en un medio nacional, a los colegios concertados, de mayoría católica, y a las familias tras anunciar que eliminaría el artículo de la Lomce que establece la demanda social como criterio para ampliar conciertos o abrir nuevos. También cargó contra la clase de Religión, a la que quiere restar valor dejándola sin evaluar y sin alternativa, y anunció una nueva asignatura obligatoria del estilo de la polémica Educación para la Ciudadanía. Luego confirmó estas primeras intenciones en su comparecencia en el Congreso, aunque más tarde, en un desayuno informativo, trató de calmar ánimos afirmando que si alguien dice que su departamento quiere acabar con la concertada está haciendo fake news. Extremo que volvió a confirmar el martes 4 de septiembre en el Congreso de los Diputados, donde mantuvo su intención de retirar de la ley el criterio de «demanda social».
Entre la de cal y la de arena, la comunidad educativa que se aglutina en torno a la concertada –centros, padres, profesores…– sigue preocupada pues considera que eliminar la demanda social es de facto atacar la libertad de los padres para escolarizar a sus hijos en un centro que responda a sus convicciones y limitar la libertad de enseñanza amparadas por la Constitución. Con esa medida, un centro concertado con mucha demanda quedaría a expensas de que la Administración de turno quisiese o no ampliar el concierto. Y sin sostén legal para reclamar. Todos esos alumnos que se quedan sin plaza en la concertada podrían ser enviados a un centro público que no tuviera todas las plazas cubiertas aunque los padres no quisiesen. La ministra alegaba contra este derecho de los padres que «no se pueden ofrecer los servicios públicos a la carta» y que la planificación depende de la Administración.
José María Alvira es secretario general de Escuelas Católicas, que representa a la mayor parte de los centros concertados en nuestro país. Tiene la impresión de que la ministra ha sido «más conciliadora» en su última comparecencia, sobre todo, «a raíz de las reacciones que suscitó la primera en julio». «Pero –continúa– sigue en pie esa amenaza de la demanda social, que queremos abordar personalmente con ella. Esta medida supondría dejar la planificación escolar solo en manos del Estado y, por tanto, sin contar con la sociedad». Desde Escuelas Católicas ya se ha pedido una entrevista con Celáa, aunque todavía no hay fecha. Sí habrá encuentro próximamente, según refirió a este semanario José María Alvira, con Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación.
El secretario general de Escuelas Católicas no entiende la «obsesión» con la concertada cuando abordan la cuestión de promover la escuela pública. «Estamos de acuerdo en que hay que mejorar la escuela pública, pero eso no se consigue yendo contra la concertada, como si fuera el enemigo. No somos el enemigo. Además, cuando hablan de la concertada lo hacen como si hubiese permanentemente una sombra de aspectos negativos sobre ella y este no es un juicio justo», añade.
Alvira cree que la ministra está muy presionada por la posición de debilidad parlamentaria del PSOE y advierte que seguir en esta materia los postulados de Podemos puede ser «peligroso». Coincide en este juicio el presidente de la Confederación de Centros de Enseñanza (CECE), Alfonso Aguiló, que ve en los anuncios de la ministra «un compromiso con sus socios de Gobierno y aliados», extremo que cree que la va a perjudicar porque estima que Celáa «es una persona sensata y moderada». De hecho, cree que hay que otorgarle «credibilidad» cuando dice que no se va a ir contra la concertada.
Aguiló avanza que desde su organización no se va a hacer «una oposición salvaje», sino que se van a tomar en consideración las cosas positivas con el objetivo de crear un ambiente de «menos crispación». También él tiene una reunión pendiente con la ministra que solicitó el pasado mes de julio.
Por su parte, José María Alvira confirma que la estrategia de Escuelas Católicas para defender la libertad de educación pasa primero por el diálogo con la ministra y su equipo y será, en función de lo que les digan, cuando se plantearán otras medidas. Si el diálogo no fructifica se pasará a informar a los afiliados y a las familias, se analizarán las acciones jurídicas que se puedan llevar a cabo y, si las cosas se ponen serias, se plantean una gran movilización. En este sentido, el director de un importante centro concertado de Madrid, que prefiere mantener el anonimato, reconoce que están preparado para lanzarse a la calle a defender sus derechos si se confirman las intenciones del Ejecutivo.
A nivel regional ya se han producido movilizaciones en defensa de la concertada, aunque no por la postura del Gobierno central, sino por las decisiones de algunos gobiernos autonómicos del PSOE. La última se produjo en Extremadura. Familias, centros y sindicatos de profesores reclamaron en Mérida el pasado martes que no se discrimine a la concertada, pues supone «un recorte de libertad». Rechazaron públicamente «la inestabilidad y el perjuicio que sufre esta enseñanza, con recorte de unidades y pérdidas de puestos de trabajo cada año, con dotaciones de plantillas insuficientes y sin los apoyos necesarios para la atención a la diversidad».
Los padres católicos, agrupados en Concapa, tampoco están conformes con los anuncios del Gobierno socialista, al que acusan de ir contra la libertad de educación. En declaraciones a Alfa y Omega, su presidente, Pedro José Caballero, lamenta que continúen los ataques a la concertada y a la clase de Religión mientras no solucionan los verdaderos problemas como el acoso escolar, las redes sociales o la tasa de fracaso escolar. Además, recuerda a la ministra que «la potestad educativa es de los padres, mientras que el Estado es subsidiario, es decir, tiene que ayudar a las familias a formar a sus hijos».
Caballero afirma que las familias se sienten abandonadas y le exige que las escuche, «tanto que habla de diálogo». Eso sí, afirma que Concapa tiene claros los pasos que seguir si el Gobierno ataca la libertad de educación. «Primero informaremos a las familias. Si persiste el Gobierno en sus intenciones, nos movilizaremos. No vamos a ceder ni un paso más. Si la ministra quiere un otoño caliente, tendrá un otoño caliente».
La comunidad educativa también se muestra expectante ante lo que pueda pasar con la asignatura de Valores Cívicos, una materia en la que el consenso será unánime si se limita a lo que su título dice, los valores cívicos y democráticos en la sociedad. Aquí el temor reside en que pueda utilizarse como vehículo para la imposición de determinadas cosmovisiones contrarias a la cristiana como la ideología de género. «Nosotros no podemos oponernos a que haya valores cívicos, pero nuestra postura cambiará en función de los contenidos que tenga la asignatura y de cómo se organice. Si se trata de formar en valores comunes a los alumnos no hay motivo para oponerse, pero siempre nos queda la sospecha de cuál es la pretensión real sobre todo en cuestiones como los temas de género. Nuestro ideario es una línea roja y no aceptaremos imposiciones contra este», recalca José María Alvira, que es partidario de que los valores se impartan de manera transversal.
Mientras las organizaciones educativas católicas esperan reunirse con la ministra o su equipo, el Partido Popular ha movido ficha y las ha convocado a reuniones en el Senado –el pasado lunes– y en el Congreso –este jueves– para escuchar sus demandas y conocer su postura ante las medidas anunciadas por el Gobierno. La mayor parte de estas organizaciones, aún valorando su aportación, son críticas con algunos aspectos de la ley educativa aprobada por el PP. Desde otras formaciones como Vox, a la derecha del PP, se ha pasado directamente a la acción para dar la batalla concretamente en la cuestión de la ideología de género, animando a los padres a que soliciten en el centro a través de una carta ser informados de cualquier contenido que se imparta sobre esta materia, así como de educación afectivo sexual, pues defienden que va contra el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones.
En cualquier caso, las organizaciones católicas comparten el objetivo de fondo, la defensa de la libertad de educación, aunque el modo de llevarlo a cabo en cada caso es diferente. Ayuda que las distintas organizaciones se reúnan en la plataforma Concertados –donde también están presente los sindicatos en representación de los profesores– o en la mesa de unidad eclesial por la educación que, convocada por la Conferencia Episcopal Española (CEE), se reunirá el próximo 19 de septiembre para ponerse al día y analizar, entre otras cosas, la amenaza a la concertada y a la clase de Religión. La propia CEE ha pedido también una reunión con la ministra aunque no ha recibido respuesta.
José Miguel García, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Enseñanza, reconoce que «lo que nos preocupa de verdad es la libertad de educación», pues la propuesta de la ministra «es proponer como modelo único la escuela pública». «Me temo que no solo está en juego la libertad de educación, sino la misma libertad. En cualquier caso, es la propia sociedad la que tiene que defender los derechos de la persona en razón de su dignidad humana, no porque se los da el Estado. Ojalá hubiera menos Estado y más sociedad. Un Estado que va recortando el espacio de la sociedad civil, de las iniciativas de padres, agrupaciones o fundaciones (como los colegios concertados) es un Estado que tiende a ser la fuente y el criterio de todo; o sea, se convertirá en totalitario», dice.
Fran Otero (Foto: J. M. Serrano)
La experiencia de la ministra en el País Vasco
Isabel Celáa, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados el pasado 4 de septiembre
(Foto: EFE/Juan Carlos Hidalgo)
Cuando se conoció el nombre de la ministra de Educación, en el ámbito de la concertada la reacción fue muy positiva. Se vio en ella a una persona que conoce bien la escuela concertada y particularmente la cristiana.
Celáa fue consejera de educación del Gobierno de Patxi López en al País Vasco, la comunidad con mayor porcentaje de centros concertados sobre el total, un 50%, a la par con la pública. Y ya como ministra, reconoció que colaboró con la asociación de colegios cristianos Kristao Eskola, de donde proviene su buena opinión sobre la escuela católica y concertada. «Conoce la realidad y no tiene por qué oponerse a la escuela concertada por su experiencia en el País Vasco», afirma José María Alvira, de Escuelas Católicas.
La situación en el País Vasco abre también la incógnita acerca de si el PNV va a prestar sus valiosos cinco escaños para una ley que pondría en jaque su propio sistema educativo. Así las cosas, los nacionalistas han sugerido que podrían apoyar al Gobierno, pero con la condición de que se respete la excepcionalidad vasca.
