José María Gil Tamayo defiende la legalidad de las inmatriculaciones de inmuebles entre 1998 y 2015: la Iglesia inscribió en el registro propiedades que ya poseía.
«Una desamortización encubierta». Así ha respondido el secretario general de la Conferencia Episcopal (CEE), José María Gil Tamayo, al anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de que reclamará a la Iglesia los bienes inscritos por esta a su nombre que el gobierno considere que son de dominio público.
Una ley de 1998 vigente hasta 2015 permitió a la Iglesia registrar templos y otros inmuebles de su propiedad no registrados, algunos con varios siglos de antigüedad. La CEE no dispone de datos centralizados, si bien su vicesecretario para Asuntos Económicos, Fernando Giménez Barriocanal, ha estimado que el número de inmatriculaciones podría rondar las 40.000.
«Estamos muy tranquilos», comentó este lunes Gil Tamayo durante la presentación de un congreso que celebrará la Fundación Pablo Pablo VI en colaboración con la CEE sobre el papel de la Iglesia en la transición a la democracia. «La Iglesia está muy tranquila» porque «se limitó a «inscribir en el registro lo que de manera secular ha poseído», añadió el portavoz de los obispos, lamentando que este sea «un tema recurrente» para algunos partidos, que buscan agitar «los viejos fantasmas del anticlericalismo».
Gil aseguró que el episcopado tiene «confianza infinita en la justicia española» y en «el Estado de derecho», tanto a nivel nacional como europeo. Si es necesario, «defenderemos nuestros derechos», advirtió, al tiempo que recalcó que se trata de bienes utilizados para «un fin social», destinados al «uso y disfrute no solo de los católicos», sino de toda la sociedad, y en especial «de los más pobres». Por tanto, su «desamortización» iría en «detrimento de la acción social».
Traslado de los restos de Franco
El portavoz de los obispos fue preguntado también por la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco. Gil Tamayo remitió a la nota del Arzobispado de Madrid del 24 de agosto, que desde la «independencia política» y el respeto a las decisiones que tome el poder político, apelaba a una solución acordada con la familia. Y recordó la nota publicada en julio por el Comité Ejecutivo de la CEE, en la que los obispos reivindican «el espíritu de la Constitución» y pedían que «no sea ahora despreciado, minusvalorado o transformado por iniciativas que dificulten la necesaria concordia que exige la cohesión social».
Ricardo Benjumea
