CONCAPA, en su Congreso Nacional, que ha tenido lugar del 16 al 19 de octubre en la ciudad de Alicante bajo el lema “Responsables de la Educación”, ha elaborado un documento de “Propuestas para un Pacto Social Educativo”, del que destacamos las siguientes conclusiones:
1.- La situación por la que atraviesa en la actualidad el sistema educativo español requiere que todos –padres, profesores, alumnos, centros y administraciones- afrontemos un diálogo que nos permita alcanzar un Pacto Social y Político por la Educación, en el marco delimitado por el artículo 27 de la Constitución Española, con pleno respeto a los Tratados Internacionales suscritos por España, y desde una posición integradora.
2.- Para ello han de obviarse en nuestro Ordenamiento Jurídico todas aquellas cuestiones que supongan o puedan suponer una limitación indebida o una vulneración de los derechos que asisten a las familias en la educación de sus hijos. En particular, ha de rechazarse toda utilización de la enseñanza como medio para inculcar en los alumnos ideas o doctrinas contrarias a las de sus familias.
3.- La libertad, como valor supremo de cualquier sociedad democrática, y en particular la libertad de enseñanza, piedra angular del sistema educativo que se diseña en la Norma Fundamental de España, debe inspirar e impregnar cualquier pacto o acuerdo que se pueda impulsar. Sin este requisito previo CONCAPA no podrá participar de ningún acuerdo, toda vez que iría en contra de los derechos e intereses de las familias españolas.
4.- Cualquier pacto o acuerdo con referencia al sistema educativo deberá contar con el apoyo expreso de las familias, a través de sus legítimos representantes, pues sólo así se conseguirá la necesaria estabilidad. En este sentido, el pacto o acuerdo será antes que nada social, incorporando a las fuerzas políticas en una segunda fase.
5.- Los alumnos españoles merecen una educación y una enseñanza conforme a las exigencias de la sociedad actual, por lo que consideramos necesario trabajar con vistas a una profunda revisión de los currícula, e incluso de la propia estructura del sistema. De cualquier forma, estas medidas deberán acompañarse de unos planes complementarios específicos que incidan en las áreas de mayor evolución –nuevas tecnologías de la información y la comunicación-, en las de mayor carencia –lenguas extranjeras- o en las de compensación de las desigualdades –atención a las necesidades especiales-.
6.- El modelo de financiación del sistema educativo exige una urgente revisión, no sólo para acercar el gasto público a la media de los países de nuestro entorno y a las recomendaciones de los organismos europeos, sino también para garantizar que todos los alumnos accedan a una financiación igual de su derecho a la educación, con independencia del centro escolar en que se encuentren. La prestación del servicio educativo, así como de los servicios complementarios o de los destinados a atender situaciones especiales, debe responder a situaciones de necesidad de los alumnos o de sus familias. Exigimos, pues, que los recursos educativos sigan a los alumnos que los necesiten y no que los alumnos sean obligados a escolarizarse donde se encuentran los recursos para su atención.
7.- La participación de los sectores sociales implicados en la educación, reconocida por nuestra Constitución, es un valor esencial que en los últimos tiempos está siendo objeto de inadmisibles limitaciones. Por tanto, cualquier pacto o acuerdo ha de partir de una recomposición de la participación, en la que se reconozca el papel de los padres como primeros responsables de la educación de sus hijos, las actuaciones de los centros escolares y de los profesores como sus colaboradores directos, y la función de los poderes públicos como garantistas de una adecuada interpretación y ejercicio de los derechos de los ciudadanos.
8.- La adecuada participación de los padres exige poner a su disposición una serie de conocimientos, habilidades y destrezas al efecto, lo que no es posible sin una formación específica que les facilite el ejercicio de sus responsabilidades. Para ello resulta imprescindible el compromiso de las administraciones públicas con las familias, a través de sus organizaciones representativas, a las que deberán apoyar y respaldar, de modo que puedan poner en marcha planes de formación para las familias.
A partir de estas propuestas, CONCAPA ofrecerá diálogo a otros agentes sociales, con objeto de intentar lograr acuerdos que terminen en un documento de amplio consenso.
