El secretario general adjunto de Escuelas Católicas, Luis Centeno, apunta las líneas rojas que mostrarán a la ministra cuando se reúnan con ella: enseñanza concertada, clase de Religión y valores de forma transversal
La escuela católica se mantiene todavía a la expectativa de lo que pueda hacer el nuevo Gobierno liderado por Pedro Sánchez en materia educativa. Lo único que se conoce hasta el momento son las declaraciones que la ministra del ramo, Isabel Celaá, realizó durante la toma de posesión del secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, y en una extensa entrevista al diario El País. Declaraciones, además, que se contradicen.
En un primer momento Isabel Celaá, que también es portavoz del Gobierno y fue consejera de Educación del Gobierno Vasco durante el mandato de Patxi López, se mostró conciliadora, refiriéndose sobre todo a la necesidad de trabajar por el pacto educativo y fomentar el diálogo. Luego, pocos días después, en la citada entrevista cambió de discurso y dijo que lo que quiere es tocar la Religión, de modo que no sea evaluable ni computable, que va a crear una asignatura obligatoria de valore cívicos. Y añadió que su prioridad es la escuela pública y que la concertada debe ser subsidiaria de la primera.
Aunque el margen de maniobra del Gobierno es limitado, vistos los apoyos parlamentarios con los que cuenta, el secretario general adjunto de Escuelas Católicas, Luis Centeno, cree que harán gestos dirigidos fundamentalmente a los funcionarios y al sector más radical de su partido o a las formaciones que lo han apoyado: «Puede ser tocar algo de la Religión o incluir una nueva asignatura». Para él sería un error: «No se pueden imponer medidas sin un mínimo de consenso y respaldo pues sería una temeridad, abocarnos a un campo de batalla».
El propio Luis Centeno cree que la respuesta de las instituciones eclesiales debe ser en un primer momento de diálogo y entendimiento, todos con la misma postura pero cada uno con su voz propia. «Creemos que es positivo ir todos con el mismo mensaje aunque puede haber matices. Es más interesante que todas las organizaciones católicas digan lo mismo a que haya una sola voz», apunta. A esto ha ayudado hasta el pasado mes de mayo la mesa eclesial de unidad para el pacto educativo, cuyas reuniones se desconvocaron a raíz del fracaso de un futuro pacto, que empezaron por romper el PSOE y Unidos Podemos. En estos momentos, la mesa está desarmada pero sigue habiendo instrumentos como el Consejo Católico de la Educación, donde están representadas todas las instituciones educativas de la Iglesia. «Sería más interesante convocar este consejo», añade Centeno. En cualquier caso, desde Escuelas Católicas reconocen que sí ha habido diálogo con el presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza, César Franco, para analizar las perspectivas ante el nuevo Gobierno.
Por lo pronto, Centeno confirma que desde Escuelas Católicas ya han solicitado una reunión con la ministra Celaá, así como con Alejandro Tiana, junto con una llamada a la colaboración y el diálogo, pero también con unas líneas rojas muy claras: la defensa de la concertada, «que en ningún caso es subsidiaria de la pública»; la clase de Religión, que «forma parte de la educación integral de los alumnos y que respaldan el artículo 27 de la Constitución y los Acuerdos Iglesia-Estado»; y los valores, que deben ser transversales a todas las asignatura, sin necesidad de crear una nueva «que puede, además, ser puerta de entrada de determinados contenidos que no son compartidos por todos». Esta es la postura que en una eventual reunión le van a hacer llegar.
En cualquier caso, el solo nombramiento de Alejandro Tiana como secretario de Estado de Educación les parece una noticia positiva, pues ya mantuvieron una buena relación con él cuando ocupó el mismo cargo en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. «Conoce el sector y hubo diálogo fluido y una relación cordial. Él entendía nuestra posición», explica Centeno.
Con la comunidad educativa
Si bien la postura de Escuelas Católicas va a ser de mano tendida, de diálogo y búsqueda de acuerdos en los temas compartidos por todos, no se descartan tomar algunas medidas, sobre todo de información y sensibilización sobre una eventual situación problemática. En este sentido, adelantan que los padres deberán estar permanentemente informados a través de los centros, que se implicará a los claustros de profesores, se convocará a las asambleas de padres y, si es necesario, se enviarán cartas a representantes políticos… «Nuestros límites son los del artículo 27 de la Constitución, los derechos de los padres, y de ahí no nos podemos mover, porque es el marco que nos hemos dado y por eso cualquier medida debe respetarlo». «No se puede imponer medidas, porque luego sucede como con algunas de la Lomce, que algunas comunidades autónomas decidieron no desarrollarlas», concluye.
Fran Otero
Imagen: La ministra de Educación, Isabel Celaá,
durante el segundo pleno extraordinario del Congreso de los Diputados
para renovar la cúpula de RTVE, el 4 de julio de 2018.
(Foto: EFE/Juan Carlos Hidalgo)
