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La Comunidad aprueba un gasto de 36,8 millones para garantizar los pagos de justicia gratuita a los abogados

junio 13, 2018
in ACTUALIDAD, Madrid
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Home ACTUALIDAD
La Consejería de Justicia ultima un nuevo sistema para anticipar los pagos por la asistencia jurídica gratuita tanto a abogados como a procuradores.

El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 36,8 millones de euros para garantizar los pagos de justicia gratuita a los abogados durante este año. Esta cantidad se completará, próximamente, con los 6 millones de euros correspondientes al turno de oficio.

En total, los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2018 contemplan una partida de 46,8 millones de euros destinada a asistencia jurídica gratuita (justicia gratuita más turno de oficio), lo que supone un incremento del 34 % desde el inicio de la Legislatura. Madrid es la segunda comunidad autónoma en inversión en asistencia jurídica gratuita, según el XI Informe del Observatorio de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española.

Del total de la partida de este año, 42,8 millones se destinarán a los abogados y 5,8 millones a los procuradores (4,8 millones a justicia gratuita y 1 millón a turno de oficio). Los pagos a los procuradores también se llevarán a Consejo de Gobierno para su aprobación próximamente.

Los pagos para la asistencia jurídica gratuita se realizan a través del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, que engloba a los Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares, y del Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España, en el que está integrado el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid.

Con estos pagos se financian las actuaciones profesionales del turno de oficio, la asistencia letrada al detenido, la tramitación de expedientes de solicitud de asistencia jurídica gratuita y los costes que estos servicios generan para los colegios profesionales. De esta forma, se garantiza a asistencia jurídica a todas aquellas personas que carecen de los recursos económicos suficientes.

La asistencia jurídica gratuita es uno de los tres pilares del Programa de Actuación para la Mejora de la Administración de Justicia que impulsa el Gobierno de la Comunidad de Madrid desde el inicio de la legislatura, junto a las mejoras en materia de personal y la modernización de las infraestructuras judiciales.

Así, a finales de 2015, la Consejería firmó sendos acuerdos con abogados y procuradores para la mejora de los baremos del turno de oficio, recuperando el 20% de reducción que sufrieron en 2012, y para la actualización de determinadas tarifas que permitan una mejor retribución de los profesionales.

Agilizar los pagos
La recientemente creada Consejería de Justicia va a dar un impulso a la agilización de los pagos de la asistencia jurídica gratuita a abogados y procuradores, anticipando las cantidades a abonar sin esperar a la presentación de las correspondientes justificaciones.

El nuevo sistema se articulará a través de un plan individualizado de pago tanto para el Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid como para el Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España.

Con el nuevo modelo, los pagos por la asistencia jurídica gratuita se podrán adelantar al inicio de cada periodo a certificar, sin esperar a la presentación de ninguna justificación. Al final del ejercicio, se cerrarán todas las justificaciones y comprobaciones para garantizar que los pagos anticipados se corresponden con las actuaciones incluidas en las certificaciones.

En la actualidad, al cierre de cada trimestre, abogados y procuradores remiten a la Consejería las certificaciones de gasto relacionadas con la asistencia jurídica gratuita. Tras revisar y subsanar posibles errores, se elaboran y tramitan los correspondientes documentos contables para que, en última instancia, la Tesorería General de la Comunidad de Madrid pueda proceder a los abonos respectivos.

El plazo medio de pago es ahora de dos meses y medio, lo que supone que se ha reducido a más de la mitad desde el inicio de la Legislatura, cuando se tardaba cinco meses y medio en materializar los pagos.

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