El Defensor del Pueblo advierte en un demoledor Informe Anual del aumento de la brecha entre ricos y pobres, como resultado de las políticas de austeridad, la precarización laboral o la pérdida de calidad de los servicios públicos.
«En España se produjo una transferencia de renta desde la parte inferior y media de la sociedad hacia la parte alta». En otras palabras, los ricos son cada vez más ricos y los pobres, cada vez más pobres.
Esta es una de las conclusiones principales del demoledor Informe Anual presentado este lunes por Francisco Fernández Marugán en el Congreso de los Diputados, en el que aboga por poner fin a «la ausencia de políticas de distribución» para atajar «el malestar» de los ciudadanos por «el enorme coste social de la crisis».
La desigualdad –asegura el documento– «no es la consecuencia de un hecho inexorable y predeterminado, sino que es el resultado al que se llega por la aplicación de unas políticas concretas y específicas que han actuado como un corrosivo, dañando al entramado institucional y a la cohesión social. Por ello, hay que actuar para hacerlas retroceder».
«Para el Defensor del Pueblo –prosigue el informe– es un error suponer que cuando se sale de la crisis se reduce por sí sola la desigualdad. Esta lacra solo podrá corregirse si se lleva a cabo una política activa y decidida de redistribución de la renta».
A la institución «le preocupa que se pretenda mantener las políticas de austeridad, que se ha demostrado que conllevan la caída de las rentas más bajas y el aumento de la pobreza más severa».
Se advierte también de la «pérdida de calidad» en «servicios tan esenciales como los sanitarios, educativos y asistenciales» vengan experimentando una pérdida de calidad, provocando todo ello que «en España el ascensor social ha cambiado de sentido».
Para de la responsabilidad es del mercado de trabajo, que «tiene características que potencian la desigualdad, como son la fragilidad del empleo, las elevadas tasas de temporalidad y la evolución de los salarios». En particular, «el empleo de los jóvenes está beneficiándose poco de la recuperación. Las tasas de empleo femeninas continúan siendo más bajas que las masculinas. La cronificación de estas tendencias, que están llevando de la segmentación del mercado de trabajo a la desigualdad, puede llevar a que de esta se pase a la discriminación».
Aparece también recogido el problema del acceso a la vivienda, como resultado de los excesivos precios y la restricción de los créditos hipotecarios. El Defensor del Pueblo aboga por «reforzar la oferta de viviendas sociales de alquiler, creando parques locales de dicho tipo de vivienda», como han hecho otros países europeos.
También se alude a los desahucios, calificados como uno de los efectos sociales«más nocivos» de la crisis.
Imagen: Francisco Fernández Marugán entrega el Informe Anual del Defensor del Pueblo
a la presidenta del Congreso, Ana Pastor.