En 7 de cada 10 casos, las medidas que ejecuta la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor no requieren el internamiento en un centro.
El perfil de los menores que cumplen este tipo de medidas es el de un varón de 17 años y nacionalidad española.
La Comunidad de Madrid va a destinar 1,06 millones de euros, en los próximos dos años, al programa ‘Redes’ de reparaciones extrajudiciales y desarrollos educativos para menores infractores que desarrolla a través de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI).
El Consejo de Gobierno ha aprobado la licitación del contrato para la gestión de este programa, en el que participan psicólogos, educadores y técnicos de libertad vigilada y con el que se trata de garantizar el adecuado cumplimiento de las medidas impuestas por los jueces a menores a los que no se priva de libertad.
Estas medidas judiciales de medio abierto representan más del 75 % del total de medidas que ejecuta la ARRMI cada año. Entre ellas figuran la libertad vigilada, la convivencia con otra familia o grupo educativo, las prestaciones en beneficio de la comunidad, la realización de tareas socioeducativas, la asistencia a un centro de día o la permanencia en el domicilio durante el fin de semana, por ejemplo.
En el caso concreto de las reparaciones extrajudiciales, se trata de una mediación entre el menor y la víctima de su delito, con el objetivo de buscar acuerdos que permitan reparar el daño causado por la conducta infractora. Los menores a los que se impone este tipo de medidas también son objeto de actuaciones educativas, sociales y terapéuticas para lograr, en último término, su reinserción.
Actvidades complementarias
El año pasado, la ARRMI ejecutó 398 reparaciones extrajudiciales, alrededor de un 13 % del total de medidas que llevó a cabo. En un 61 % de los casos se trató de reparaciones sociales que tuvieron que llevar a cabo los menores, en un 20 % de tareas socioeducativas y en un 7 % fueron conciliaciones con las víctimas.
En el caso del contrato que se va a licitar, este programa trató a 352 menores, en ejecución de 386 medidas judiciales, de las que 172 fueron reparaciones extrajudiciales. El perfil del menor fue el de un varón de 17 años y nacionalidad española.
El adjudicatario del contrato deberá contar con instalaciones en tres municipios distintos de la Comunidad de Madrid, uno de ellos Madrid capital. El contrato vigente en la actualidad cuenta con centros en Madrid (distrito Centro), Alcalá de Henares (referente para el Corredor del Henares) y Parla (referente para la zona sur de la región). El 70 % de los menores que pasaron por el programa fueron, precisamente, de estos tres municipios.
La ejecución de estas medidas de medio abierto se complementan con otras actividades que debe llevar a cabo el menor tanto para su mejora personal, recibir apoyo escolar, educación para la salud o educación vial; como en beneficio de la comunidad, como son tareas asistenciales en comedores sociales o residencia de ancianos o tareas medioambientales en espacios públicos ajardinados, por ejemplo.
