En el mismo paquete de medidas propuestas por la Casa Blanca para regularizar a los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos de niños, hay otras «profundamente preocupantes» que atentan contra la unidad de las familias extranjeras. Lo denunciaron los obispos del país el mismo día que el presidente Trump afirmaba que «la fe y la familia, no el gobierno y la burocracia, son el centro de la vida americana»
La Iglesia en Estados Unidos ha recibido con ambivalencia la propuesta que la Administración de Donald Trump hizo la semana pasada para hacer posible que los jóvenes que entraron ilegalmente en el país siendo niños, los llamados dreamers o soñadores, puedan regularizar su situación.
Monseñor Joe Vásquez, obispo de Austin (Texas) y presidente del Comité Episcopal de Migración dio el martes la bienvenida a la primera parte de la propuesta de la Casa Blanca. Esta prevé un proceso de diez o doce años para que 1,8 millones de personas logren la ciudadanía.
Entre ellos, están los cerca de 700.000 jóvenes registrados en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), pero también más de un millón de jóvenes más que nunca solicitaron entrar en el programa aunque cumplían los requisitos: haber entrado en el país de niños, estar estudiando o tener al menos estudios secundarios, y no tener antecedentes.
Sin embargo, «mientras buscamos una solución para los dreamers no debemos dar la espalda a quienes son vulnerables», subrayó monseñor Vásquez. En efecto, esta propuesta va acompañada de otras de medidas destinadas a restringir la inmigración.
Entre ellas, está la inversion de 25.000 millones de dólares para infraestructuras y tecnología para la frontera con México –el famoso muro–, restringir la reagrupación familiar de forma que solo esté abierta a los cónyuges e hijos menores de edad, eliminar las medidas de protección a los inmigrantes menores no acompañados y poner fin al programa que cada año concede visados a 50.000 personas de países con poca presencia en Estados Unidos.
Amenazas de deportación
Hasta ahora, los dreamers seguían siendo indocumentados, aunque estaban protegidos frente a la deportación. En septiembre, el presidente Trump anunció que pondría fin al programa, y dio al Congreso seis meses para buscar una salida a estos jóvenes.
El plazo expira el 5 de marzo, y desde la Casa Blanca ya se ha advertido de que, si no se aprueba una ley sobre los dreamers, a partir de ese día podrán ser deportados. La amenaza es contundente, puesto que las autoridades migratorias tienen en su haber todos los datos de los jóvenes del DACA.
El hecho de dejar la pelota en el tejado del Congreso en vez de acabar con el programa sin más se ha interpretado como una estrategia de Trump: amenazar a los dreamers, que cuentan con gran apoyo popular, también entre los republicanos, para que a cambio de protegerlos se aprueben otras restricciones a la inmigración. Medidas como las que están incluidas en el paquete que propuso el 26 de enero la Casa Blanca y que tendría que ser aprobado por el Congreso y el Senado.
Trump dixit: «La familia es el centro de la vida»
Para los obispos, dichas medidas son «profundamente preocupantes. La inmigración familiar es parte de los fundamentos de nuestro país y de nuestra Iglesia. Mantener y proteger a la unidad familiar independientemente de sus orígenes nacionales es vital para nuestra fe».
Las palabras del obispo de Austin se hicieron públicas el mismo día que, durante el discurso sobre el estado de la Unión, Trump afirmó que «la fe y la familia, no el gobierno y la burocracia, son el centro de la vida americana».
El responsable del Comité de Migraciones de los obispos criticó también que se «canjee el bienestar de los niños no acompañados por el bienestar de los dreamers. Sabemos que todos son hijos de Dios necesitados de nuestra compasión y misericordia».
Por ello, exigió a republicanos y demócratas liderazgo para buscar una solución «hecha cuidadosamente a medida. El tiempo es oro. Cada día experimentamos las consecuencias humanas de retrasar la acción, en forma de jóvenes que pierden su sustento y la esperanza. Vemos este miedo y esta tristeza en nuestras parroquias». Frente a ello, es necesaria una «legislación que preserve nuestra seguridad y sea humana, proporcionada y justa».
María Martínez López
(Foto: CNS)
