En respuesta a la pregunta de un diputado socialista, el Gobierno ha anunciado que ha pedido al Colegio de Registradores de la Propiedad una relación de todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia hasta la derogación de la ley le que permitía hacer ella misma el registro, en 2015. El Ejecutivo avanza, sin embargo, que todas las actuaciones fueron «plenamente válidas», por lo que «no se entiende procedente realizar ninguna acción» para recuperar bienes inmatriculados por la Iglesia
El Gobierno de la nación ha anunciado, a preguntas del diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, que ya ha pedido «al Colegio de Registradores de la Propiedad una relación de todas las inmatriculaciones llevadas a cabo por vía del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que fue derogado por la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria, desde 1998 hasta la citada derogación».
El Ejecutivo que preside el popular Mariano Rajoy, en respuesta escrita a la que ha accedido Europa Press, ha contestado así a las preguntas planteadas por Hurtado, quien quiso saber «¿cuándo se va a concluir por el Gobierno el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica?», si «¿se va a hacer público el listado?, ¿cómo se hará público este listado?» y «¿qué actuaciones se llevarán a cabo con posterioridad por parte del Gobierno?».
De igual forma, el diputado socialista preguntó si «¿se va a establecer con la Iglesia algún tipo de diálogo para que se rectifiquen aquellas inmatriculaciones sobre bienes de dominio público o no hechas documento que acredite la propiedad del bien?», y si «¿hay disposición del Gobierno de acudir a la vía judicial para recuperar aquellas inmatriculaciones sobre bienes de dominio público o inscritas sin documento de propiedad válido?».
Ante esto el Ejecutivo ha respondido que, a través del Ministerio de Justicia, está «impulsando las actuaciones necesarias tendentes a dar cumplimiento a lo establecido» en la proposición no de Ley (PNL), que defendió Hurtado ante el Congreso de los Diputados y que fue aprobada el pasado 4 de abril, «relativa a reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la Iglesia, en lo relativo a la elaboración de un estudio en el que se recojan todos aquellos inmuebles que desde 1998 han sido inmatriculados en el Registro de la Propiedad a favor de la Iglesia católica».
Sobre esta cuestión, según ha resalado el Gobierno central, «se ha pedido al Colegio de Registradores de la Propiedad la citada relación de inmatriculaciones», subrayando el Ejecutivo que «todas las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia católica se han realizado al amparo de la Ley y cumpliendo con la legalidad vigente en cada momento».
A esto ha añadido el Gobierno que, «como se ha indicado, la posibilidad de inmatriculación de fincas por la vía del artículo 206 de la Ley Hipotecaria se ha mantenido inalterada en este punto desde el texto original de la actual Ley Hipotecaria, publicado en el BOE el día 27 de febrero de 1946, hasta la entrada en vigor de la reforma operada por la Ley 13/2015, de 24 de junio, que desde el día 25 de junio de 2015 dejó sin efecto la posibilidad de inmatricular fincas por esta vía previamente reconocida a la Iglesia católica».
Por tanto, según ha argumentado el Ejecutivo en su respuesta, «a partir de la fecha señalada, en su caso, y para practicar inmatriculaciones a favor de la citada Iglesia, deberá acudirse por ésta a los medios inmatriculadores ordinarios».
Inmatriculaciones «plenamente válidas»
En cualquier caso, el Gobierno considera, y así lo ha recogido en su respuesta al diputado socialista, que «las inmatriculaciones practicadas con anterioridad» a la reforma de la Ley Hipotecaria en 2015 «son plenamente válidas».
Además, «de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 1° de la Ley Hipotecaria, los asientos del registro están bajo la salvaguardia de los tribunales y producen todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos en la Ley», con lo que, a juicio del Gobierno, «no se entiende procedente realizar ninguna acción» para recuperar bienes inmatriculados por la Iglesia, «por considerarse que no hay ninguna legalidad conculcada».
Críticas de Hurtado
El diputado socialista Antonio Hurtado
Ante esta respuesta y en declaraciones a Europa Press, el diputado del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, al saber que el Gobierno ha pedido la información sobre las inmatriculaciones de la Iglesia al Colegio de Registradores de la Propiedad, ha exigido «que se haga pública» dicha información «y que se remita a los grupos parlamentarios».
A su juicio, «el Gobierno debe dar ejemplo de transparencia haciendo público este listado pero, a su vez, debe defender el interés general y comprobar los documentos y títulos aportados por la Iglesia para inmatricular los bienes y, en caso de que no se consideren suficientes o ajustados a derecho, reclamar la titularidad del Estado o de la instituciones que deban ser propietarias de esos bienes».
Para Hurtado resulta «inadmisible que el Gobierno dé por válidas todas las inmatriculaciones sin hacer comprobación alguna sobre los títulos aportados, que deben ser escritura notarial, resolución judicial o resolución administrativa».
En este sentido, el diputado socialista ha recordado que la PNL que defendió en la Comisión de Justicia, «hace ahora seis meses, fue aprobada con el voto en contra de PP y Ciudadanos y en la misma se le daba al Gobierno un plazo de seis meses para hacer el listado de inmatriculaciones, y se le pedía que comprobase los títulos aportados» y, sin embargo, «transcurridos los seis meses, nos dicen que la está elaborando, pero no la ha hecho pública y, por otra parte, da por buenas y no cuestiona ninguna de las inmatriculaciones, sin comprobar el título aportado».
Europa Press
