La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), reunida estos días en Madrid, ha aprobado por unanimidad una declaración sobre la situación de Cataluña en la que reclama a las autoridades de las administraciones públicas como a los partidos políticos, otras organizaciones y ciudadanos que «eviten decisiones y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias, que los sitúe al margen de la práctica democrática amparada por las legítimas leyes que garantizan nuestra convivencia pacífica y origine fracturas familiares, sociales y eclesiales».
La declaración, que fue leída ante los medios de comunicación por el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, recoge parte de las demandas que hicieron la semana pasada los obispos catalanes, agrupados en la Conferencia Episcopal Tarraconense. Así, repite la invitación a la oración por quienes «tienen la responsabilidad en el gobierno de las diferentes administraciones públicas, de la gestión del bien común y de la convivencia social», a fin de que todos se guíen por «la sensatez y el deso de ser justos y fraternos». Y, al mismo tiempo, pide que se avance en el camino «del diálogo y del entendimiento, del respeto a los derechos y a las instituciones y de la no confrontación».
«En estos momento graves –continúa el texto– la verdadera solución pasa por el recurso al diálogo desde la verdad y la búsqueda del bien común de todos, como señala la Doctrina Social de la Iglesia. El Papa Francisco nos indica que “es hora de saber cómo diseñar, en una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro, la búsqueda de consensos y acuerdos, pero sin separarla de la preocupación por una sociedad justa, con memoria y sin exclusiones».
Finalmente, recuperan un comunicado que la Asamblea Plenaria del episcopado publicó en 1981, días después del golpe de estado del 23 de febrero, para afirmar que en esta ocasión «también difícil para nuestra convivencia democrática y pacífica, “es de todo punto necesario recuperar la conciencia ciudadana y la confianza en las instituciones, todo ello en el respeto de los cauces y principios que el pueblo ha sancionado en la Constitución”».
F. Otero
Imagen: (Foto: EFE/Luca Piergovanni)
Texto completo de la Declaración de la Comisión Permanente ante la situación en Cataluña
Ante la grave situación que se vive en Cataluña, con gran preocupación en el resto de España, los obispos queremos en primer lugar hacer nuestros los deseos y sentimientos manifestados recientemente de forma conjunta por los obispos con sede en el territorio de Cataluña, auténticos representantes de sus diócesis.
En especial invitamos a la oración por quienes en este momento difícil «tienen la responsabilidad en el gobierno de las diferentes administraciones públicas, de la gestión del bien común y de la convivencia social», a fin de que todos seamos guiados «por la sensatez, y el deseo de ser justos y fraternos», y con responsabilidad «avanzar en el camino del diálogo y del entendimiento, del respeto a los derechos y a las instituciones y de la no confrontación, ayudando a que nuestra sociedad sea un espacio de fraternidad, de libertad y de paz» (Comunicado. Obs. Cataluña. 20-9-2017).
En estos momentos graves la verdadera solución del conflicto pasa por el recurso al diálogo desde la verdad y la búsqueda del bien común de todos, como señala la Doctrina Social de la Iglesia. El papa Francisco nos indica que «es hora de saber cómo diseñar, en una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro, la búsqueda de consensos y acuerdos, pero sin separarla de la preocupación por una sociedad justa, con memoria y sin exclusiones» (Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, n. 239).
Para hacer posible este diálogo honesto y generoso, que salvaguarde los bienes comunes de siglos y los derechos propios de los diferentes pueblos que conforman el Estado, es necesario que, tanto las autoridades de las administraciones públicas como los partidos políticos y otras organizaciones, así como los ciudadanos, eviten decisiones y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias, que los sitúe al margen de la práctica democrática amparada por las legítimas leyes que garantizan nuestra convivencia pacífica y origine fracturas familiares, sociales y eclesiales.
Como ya hemos señalado los obispos, en otra ocasión también difícil para nuestra convivencia democrática y pacífica, «es de todo punto necesario recuperar la conciencia ciudadana y la confianza en las instituciones, todo ello en el respeto de los cauces y principios que el pueblo ha sancionado en la Constitución» ( XXXIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. 28-2-1981).
Por último, reiterando nuestra llamada a la esperanza y la plegaria a Dios, a la serenidad y entendimiento, ofrecemos nuestra colaboración sincera al dialogo en favor de una pacífica y libre convivencia entre todos.
