El protocolo de la Conferencia Episcopal (CEE) para casos de abusos habla del sostenimiento económico de los agresores, pero omite la atención a las víctimas, al ser esta una competencia de las diócesis. Varias diócesis consultadas sobre la atención a las víctimas se remiten, sin embargo, al protocolo de la CEE
Era la primera vez que un obispo español se presentaba frente a la opinión pública acompañando a una víctima de abusos sexuales en la Iglesia. La tarde del miércoles 31, el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, compartió mesa con el suizo Daniel Pittet durante el acto de presentación en Madrid de su libro Le perdono, padre, recién publicado en español –hace meses vio la luz en italiano– por la editorial Mensajero, con prólogo del Papa. El ahora bibliotecario sufrió abusos continuados durante cuatro años seguidos, desde los 9 a los 13 años, por un religioso capuchino en su ciudad, Friburgo. El caso alcanzó eco mundial gracias al apoyo de Francisco, que conoció a la víctima en Roma a raíz de la presentación de otro libro que escribió Pittet con testimonios de sacerdotes, religiosos y personas consagradas. «No podía imaginar que aquel hombre entusiasta y apasionado por Cristo había sido víctima de abusos por parte de un sacerdote», escribe el Pontífice.
El respaldo del cardenal Blázquez al testimonio de Pittet supone un importante aval a la necesidad de que la Iglesia preste acompañamiento y repare el daño sufrido por las víctimas de «esta absoluta monstruosidad, de este pecado espantoso radicalmente contrario a todo lo que nos enseña Cristo», como lo define Francisco en el prólogo.
El Papa recuerda que «algunas víctimas han llegado incluso al suicidio» y asegura que «esos muertos pesan sobre mi conciencia y sobre la de toda la Iglesia». Por ello pide «severidad extrema con los sacerdotes que traicionan su misión, así como con sus superiores jerárquicos, obispos o cardenales, si les protegen, como ha ocurrido en el pasado».
Protocolos en las diócesis
Gracias a Benedicto XVI, que destapó definitivamente el pecado de los abusos sexuales en la Iglesia, «se ha hecho una importante legislación» al respecto. A día de hoy, «en casi todas las diócesis hay un protocolo que seguir, los informes se hacen bien, es un progreso grande», según afirmó el Papa durante la rueda de prensa en el avión de vuelta del viaje a Fátima.
En España el protocolo vigente procede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), realizado tras la petición del Papa alemán de endurecer las leyes canónicas sobre la pederastia. El documento, elaborado por la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos a partir de las normas renovadas en la Santa Sede en mayo de 2010, está disponible en la web de la CEE (conferenciaepiscopal.es). En ese protocolo se especifican los pasos que dar cuando alguien acude a denunciar un delito «contra el sexto mandamiento cometido por un clérigo con un menor de 18 años».
¿Dónde quedan las víctimas?
El documento oficial deja en manos de los obispos diocesanos el proceso para verificar si una denuncia es creíble o no. Por ejemplo, en el texto se especifica que es el prelado del lugar donde se realiza la acusación el encargado de hacer «el primer juicio de verosimilitud», sirviéndose –o no– de la valoración de expertos. También recuerda la exigencia de Benedicto XVI de que las diócesis den cuenta de la denuncia a las autoridades civiles. Además, en los 13 puntos que contiene el protocolo, se alude a detalles tan específicos como cuáles son los derechos del acusado, en qué momento se remiten las actas del caso a la Congregación para la Doctrina de la Fe o incluso cómo la diócesis sostendrá económicamente al clérigo acusado.
Sin embargo, en el protocolo no se aborda nada relativo a las víctimas. No se habla de cuáles son sus derechos; tampoco qué debe hacer la diócesis para acompañar a estas personas. No se menciona el proceso de reparación, cuyo paso fundamental es el perdón tan demandado; tampoco se habla de las compensaciones económicas por años de terapia.
Esta omisión se debe a que el trabajo con las víctimas es competencia de cada diócesis, aunque, para Gil José Sáez, vicario judicial de la diócesis de Cartagena, también el protocolo debería tenerlas en cuenta: «Ha sido elaborado interesándose en los agresores, y por consiguiente, dejando en un segundo lugar a las víctimas. Esto contraviene directamente la carta circular de la Congregación para la Doctrina de la Fe de 2011, que en su apartado III.A especifica que “las autoridades eclesiásticas deben esforzarse para ofrecer a las víctimas asistencia espiritual y psicológica”».
Pasos en las diócesis
Todavía no se conoce cuál es el alcance real de los abusos sexuales en la Iglesia española. No existen cifras ni datos disponibles al respecto, y la mayoría de las diócesis preguntadas por este semanario sobre cuál es la atención a las víctimas remiten al texto de la CEE. Pero ya hay algunas que van dando pasos de manera particular, aunque la mayoría de las medidas giran más en torno a la prevención de futuros abusos que a la curación de las víctimas ya abusadas.
Es el caso de San Sebastián, donde a raíz del escándalo del que fuera vicario general, Juan Cruz Mendizábal, monseñor Munilla ha reforzado la formación del clero. «Se desarrollarán temas relativos a la madurez afectiva sexual, así como al conocimiento de las patologías en su desarrollo, integrándolos en la formación espiritual», explicó el propio prelado. También hizo un llamamiento a redoblar «la oración y la penitencia como instrumentos en la lucha contra el mal».
En la diócesis murciana «los sacerdotes hemos recibido instrucciones sobre cómo proceder ante una denuncia y cómo prevenir estos abusos», explica Sáez. La diócesis bilbaína tiene a disposición de los internautas en su página web (bizkeliza.org) un manual de prevención de abusos sexuales en el que se pide, entre otras cosas, «que las reuniones se lleven a cabo en horario de actividad habitual» y «en espacios abiertos».
En Alcalá de Henares, la diócesis ha ofrecido su Centro de Orientación Familiar (COF) como primer punto de referencia para los afectados. Aunque, como reconoce su director, José María Viñas, «nos limitamos a recibir a las personas, las escuchamos y si vemos que realmente hay caso, lo derivamos al Obispado. Somos un primer sitio de referencia para que los afectados sepan dónde acudir». De momento, añade, «no tenemos un equipo de atención. Yo atiendo los casos que puedan llegar y desde aquí ponemos a su disposición la ayuda terapéutica».
En un curso organizado en 2016 en Salamanca por la Compañía de Jesús, Hans Zollner, miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, recalcó a los religiosos y laicos presentes la necesidad de formación para «escuchar a las víctimas con oídos y corazón abierto. Deben sentirse seguros en toda la acción pastoral y educativa». La tormenta de los abusos sexuales en la Iglesia todavía no ha cesado, por eso «tenemos que acoger a las víctimas para que se atrevan a denunciar, y después sanarlas y fortalecerlas», añadía Adrián López, jesuita responsable del curso.
Alfa y Omega
Cristina Sánchez Aguilar
@csanchezaguilar
