El Arzobispado de Zaragoza acudió el miércoles 3 de mayo al acto de conciliación sobre la titularidad de la Catedral de San Salvador, más conocida como La Seo, y otros templos, que había solicitado el ayuntamiento, que considera que las inmatriculaciones son nulas. Un acto en el que no se ha llegado a ningún acuerdo y tras el que el Arzobispado acusó al Consistorio, de Zaragoza en Común, de «falta de rigor legal» y de perseguir una finalidad «ideológica y propagandística, teniendo como fin erosionar la imagen de la Iglesia católica y, en concreto, de la archidiócesis de Zaragoza».
El día anterior, el 2 de mayo, el Arzobispado ya había presentado un recurso de reposición sobre el decreto por el que se convocaba a la conciliación, ya que había una incorrección. «Se hablaba de reconocer como bienes del ayuntamiento los inmuebles referidos y de revertirlos a él. Esto ni siquiera lo que el ayuntamiento solicitaba. Fue el primer punto del acto y se dio por corregido y aclarado por las partes y el letrado de la Administración de Justicia», explicó el director de Comunicación del Arzobispado, José Antonio Calvo.
Foto: EFE/Javier Cebollada
Aclarado este punto, el abogado de la archidiócesis de Zaragoza expuso los motivos por los que no se había aceptado la conciliación. «Los bienes a los que se alude están registrados y el registro se realizó previa calificación del registrador; no se identifica la titularidad pública que se invoca; el ayuntamiento no justifica la legitimación para incoar este proceso; la solicitud carece de fundamento probatorio y se presenta sin fundamento jurídico; y, finalmente, a la solicitud no se le acompaña del informe previo del secretario municipal, un informe necesario para la defensa de los bienes del ayuntamiento».
Este conflicto comenzó a principios de abril cuando el ayuntamiento de la capital aragonesa decidió hacer suya uno de los objetivos del Movimiento Hacia un Estado Laico e interpuso una demanda para reclamar la titularidad de varios templos. Desde un primer momento, la sede episcopal hizo frente a estas acciones y dejó claro que las inmatriculaciones se hicieron «en estricto cumplimiento de la legalidad» y que tienen «argumentos jurídicos contundentes».
Alfa y Omega
F. Otero
Imagen: Foto ABC
