El acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno garantiza el derecho a la vivienda a los habitantes del asentamiento que cumplan los requisitos pactados
Se consolidarán las viviendas de la zona de Coslada y se desmantelará el sector 6, en el que se encuentra el área más conflictiva
El pacto será de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas, con independencia de los cambios políticos que se produzcan
La Comunidad de Madrid ha presentado el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, un texto acordado con los grupos parlamentarios y los ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas Vaciamadrid que supone el inicio de una solución urbanística para el asentamiento, la inmediata implantación de medidas sociales, sanitarias y educativas y la puesta en marcha de un plan de choque a corto plazo para dignificar las condiciones de vida de los vecinos de la Cañada.
Este acuerdo, que ha aprobado el Consejo de Gobierno, será ahora enviado a la Asamblea de Madrid, para su debate y aprobación, tal y como ha detallado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes quien, además, ha destacado el carácter histórico del Pacto. Así, por primera vez, se ha elaborado un texto basado no sólo en el consenso político sino, también, en el institucional.
De esta manera, ha habido acuerdo de los tres ayuntamientos afectados y se han incorporado aportaciones vecinales y de las entidades sociales que trabajan en la Cañada, tras siete meses de trabajos.
El texto, además de a la Asamblea, también será remitido a los ayuntamientos para su aprobación como paso previo a su firma definitiva. Será de obligado cumplimiento para las distintas administraciones públicas implicadas, con independencia de los cambios políticos que pudieran producirse durante todo el periodo que abarquen las actuaciones que se van a poner en marcha en la Cañada.
Garantizar una vivienda
El Pacto Regional por la Cañada Real Galiana se estructura en ocho apartados generales y siete anexos, todos ellos con la premisa fundamental de garantizar el derecho a la vivienda a todos los habitantes de la Cañada que cumplan los requisitos previstos, como estar censados antes de diciembre de 2011. Para quienes no estuvieran en el censo en esa fecha, existe el compromiso de estudiar la posible celebración de un convenio marco que ofrezca una solución residencial.
Las medidas recogidas en esta hoja de ruta son aplicables a un tramo de la Cañada Real de unos 14,2 kilómetros de longitud, con una extensión de 107 hectáreas, que discurre en su mayor parte por el municipio de Madrid, pero también implica a los ayuntamientos de Coslada y de Rivas Vaciamadrid. Según el último censo, en la zona viven cerca de 7.300 personas en unas 2.500 viviendas. Además, también hay comercios e industria.
El Pacto da una solución definitiva para los sectores 1 y 6 de la Cañada, que representan más del 60% del terreno del asentamiento. En el caso del sector 1 (Coslada), se consolida la mayoría de las viviendas existentes. En el caso de las impactadas por afecciones urbanísticas, se ofrecerán alternativas de realojo.
El sector 6 (Madrid), en el que se encuentra el área más conflictiva, se desmantelará dadas las afecciones urbanísticas insalvables que afectan a este tramo, la ausencia de condiciones mínimas de habitabilidad y los problemas derivados del tráfico y consumo de drogas. Los términos en los que se desarrollará el proceso de desmantelamiento se concretarán a través de un convenio con el Ayuntamiento de Madrid.
Para los sectores del 2 al 5, que pertenecen a los municipios de Madrid y Rivas Vaciamadrid, se van a constituir tres ponencias técnicas (urbanística/medioambiental, jurídica y económica) para estudiar la solución más adecuada. Los informes finales deben emitirse en el plazo de un año, prorrogable por otro. Hay que tener en cuenta que las afecciones urbanísticas, que impiden la calificación como suelo residencial, afectan al 75% de la Cañada.
Plan social
El Pacto también recoge un conjunto de medidas en materia social, sanitaria, educativa y laboral destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la Cañada e impulsar su integración. Así, en materia social, se aprueba un censo actualizado de la Cañada Real y la creación de uno específico de población en edad escolar; se establecen espacios para desarrollar actividades socioculturales, deportivas, de carácter administrativo o de seguridad; la Comunidad se compromete a desplegar un equipo de trabajadores sociales; se tomarán medidas para evitar la duplicidad de servicios sociales; y se facilitará el acceso a la Renta Mínima de Inserción (RMI).
En materia sanitaria, se impulsarán campañas informativas sobre el sistema sanitario madrileño y para la obtención de la tarjeta sanitaria; se pondrán en marcha campañas de vacunación, actuaciones de prevención y promoción de la salud y campañas de panificación familiar; y se aprobará un protocolo de actuación entre los Servicios Sociales y el SUMMA para casos de emergencia social o sanitaria. Además, se construirán las infraestructuras necesarias para la mejora de las condiciones de vida de los toxicómanos (salas de venopunción con acompañamiento terapéutico y albergue social).
En el ámbito educativo, se mejorarán las rutas escolares, se promocionará el acceso a las becas y las ayudas de comedor, libros de texto, material escolar y transporte; se impulsarán campamentos de verano y actividades de carácter lúdico y deportivo fuera del horario lectivo; se favorecerá el acceso a las nuevas tecnologías; se pondrán en marcha programas de mediación entre las familias y los colegios; y se promoverán programas permanentes de educación de adultos.
Por último, en materia laboral, se va a crear una bolsa de empresas dispuestas a ofrecer empleo a los vecinos de la Cañada, se organizarán cursos de fomento para el autoempleo y la creación de empresas y se creará una oficina de empleo en Rivas Vaciamadrid.
Plan de choque
El Pacto Regional por la Cañada Real Galiana también recoge un plan de choque con medidas inmediatas para dignificar las condiciones de vida de los vecinos de la zona. Este plan incluye la adecuación de viales, lo que facilitará el acceso del servicio de correos y de rutas escolares; la adecuación y regularización de las redes de suministro de luz y agua; la limpieza de escombros; la implantación de líneas de la EMT (la primera comenzó ya a funcionar el 1 de febrero); y la formalización de un convenio con la Fundación ‘la Caixa’ para temas sociales.
Además, se va a mejorar la coordinación con la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) de la Comunidad; se garantizará la aplicación del Plan de acción integral contra la violencia de género en la zona; se implantarán proyectos de inserción para víctimas de explotación sexual; la ejecución de campañas de desinfección, desratización y desinsectación; un plan para la reubicación de animales que puedan causar insalubridad; un servicio de retirada de coches abandonados; y medidas para impulsar la reducción de la ratio de alumnos en educación infantil en los centros educativos próximos a la Cañada.
Estructura de gobierno
Finalmente, para garantizar la aplicación de todas las medidas recogidas en el Pacto, se crea una estructura organizativa permanente, con tres órganos colegiados. Por un lado, la Asamblea de la Cañada, como órgano de debate y participación de las administraciones públicas, los grupos políticos, las entidades sociales y las asociaciones de vecinos. Contará con unas mesas Sectoriales en materia Social, de Seguridad y Técnico Urbanística.
Por otro, el Comité Ejecutivo de la Cañada, como órgano de adopción de decisiones, con participación de la Delegación del Gobierno, dos representantes de la Comunidad y uno de cada uno de los ayuntamientos. El Comité Ejecutivo estará presidido por el comisionado regional para la Cañada. Por último, se crea la Comisión de Seguimiento del Pacto Regional, como órgano encargado de fiscalizar e interpretar el Pacto Regional.
