Pedro José Caballero, presidente nacional de CONCAPA compareció en la Subcomisión de Educación del Congreso de los Diputados. Estas fueron sus palabras
Buenos días Señorías.
En nombre de CONCAPA, como presidente nacional de esta organización de padres de alumnos y padres de familia, que representa en la actualidad a cerca de tres millones y medio de familias, con presencia en centros educativos concertados, privados y públicos, quiero agradecerles la invitación recibida para comparecer ante Vds. y poder aportar nuestras ideas, de manera que puedan llegar a la consecución del tan ansiado pacto en materia de educación.
CONCAPA ve muy positiva la constitución de esta Subcomisión, si bien lamenta que esta iniciativa nazca con un marcado carácter político cuando debería haber nacido de una inquietud y demanda de las organizaciones de la sociedad civil, cansadas de la inestabilidad e incertidumbre que vive constantemente nuestro sistema educativo cada vez que hay un cambio o giro político en el Gobierno.
Tenemos el compromiso y el deber, con las generaciones venideras, de intentar instrumentar el desarrollo de una verdadera Ley Educativa que pueda dar serenidad y estabilidad al sistema, sacándolo de la política, y garantizando aspectos fundamentales que permanezcan inalterables un mínimo de 3 o 4 legislaturas (entre 12 y 14 años) con revisiones periódicas que puedan asegurar su viabilidad y su correcto funcionamiento.
Sin embargo, para la consecución de este pacto debe existir la voluntad de quererlo hacer y es lo que encarecidamente les pido en nombre de CONCAPA y de las miles de familias a las que represento. El problema no es una escuela pública ni una escuela concertada; el problema es conseguir una verdadera educación pública de calidad, en equidad e igualdad, se imparta por la red que se imparta y siempre garantizando la complementariedad de las dos (pública o de iniciativa social-concertada), ambas sostenidas con fondos públicos.
Los padres (las familias) somos los primeros y principales educadores de nuestros hijos, y tenemos el derecho a recibir de las instituciones y administraciones del Estado la formación, más acorde con nuestras propias convicciones, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución.
No puedo obviar el alto consenso que los españoles conseguimos y refrendamos en el texto constitucional, con casi cuarenta años de existencia, y en cuyo artículo 27 quedaron recogidas las bases de un pacto educativo:
- Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
- La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
- Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
- La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
- Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.
- Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.
- Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.
- Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.
- Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.
- Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.
I.- ASPECTOS BÁSICOS:
1.- Objetivos: Calidad y Libertad.
La finalidad de la enseñanza ha de ser el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos, lo que implica necesariamente una educación de calidad y en libertad. Los datos correspondientes a nuestro sistema educativo, sobradamente conocidos, exigen que uno de los objetivos incuestionables del pacto sea precisamente la calidad de la enseñanza que engloba, no sólo medidas concretas para evitar el fracaso escolar, sino también para conseguir que todos los alumnos logren el pleno desarrollo de sus capacidades y, con ello, una educación acorde con las exigencias del momento.
Ahora bien, no basta con una enseñanza de calidad, con un sistema de enseñanza eficaz, sino que nuestro marco constitucional exige igualmente que la misma se desarrolle en el marco de los Derechos y Libertades Fundamentales reconocidos en la Constitución. Es preciso, por tanto, analizar seriamente si tales Derechos y Libertades son reales y efectivos en la práctica, y articular las medidas oportunas para suprimir los obstáculos que impidan o dificulten su desarrollo.
2.- Ámbito:
El Pacto por la Educación no ha de ceñirse al ámbito meramente político, sino que ha de ser un pacto social. Si realmente se busca una solución duradera y eficaz, no bastará con que se consiga el apoyo de la mayoría parlamentaria, sino que habrá de recabarse un consenso mucho más sólido.
En cuanto a la vertiente social, no pueden dejarse de lado ni las propuestas de las familias -primeras y principales responsables de la educación de sus hijos-, ni de los titulares de los centros, ni del profesorado, ni de las administraciones competentes, ni de los alumnos. Este ámbito ha de sustentarse también en un consenso amplio, que no sea simplemente mayoritario.
Conviene tener en cuenta, además, que la eficacia posterior de las medidas que se adopten dependerá, en buena parte, de un serio compromiso por parte de toda la comunidad educativa; por lo que se impone necesariamente articular los medios oportunos para que todos los sectores que influyen en la educación contribuyan, eficaz y responsablemente, a la consecución de los objetivos previstos.
3.- Marco constitucional:
Por último, ha de tratarse de un pacto eminentemente integrador, en el que tengan cabida en total igualdad de condiciones todas las orientaciones pedagógicas, filosóficas e ideológicas acordes con la Constitución, evitando imposiciones de cualquier tipo, así como desigualdades fundadas únicamente en la disparidad de opinión o criterio.
II.- CALIDAD:
- Reforzar las materias instrumentales (Lengua y Matemáticas), incluso incrementando sus horas lectivas y revisando el currículo si es necesario. Hay que fortalecer especialmente estas materias en Educación Primaria (incluso en el segundo ciclo de Educación Infantil). El fracaso escolar en la ESO está causado, en muchos casos, porque los alumnos afrontan esa etapa sin tener la base necesaria. Apostamos también por una prueba de evaluación al final de cada etapa.
- Plan específico para la lengua extranjera, con el objetivo de generalizar el bilingüismo desde la Educación Infantil, y garantizar que, al final de la enseñanza obligatoria, todos los alumnos cuenten con una titulación oficial adecuada en lengua extranjera.
- Revisar la promoción automática, de modo que sólo se pase de curso si se han adquirido los conocimientos básicos que permitan abordar con garantías las exigencias propias del curso al que se accede. Desarrollar programas de apoyo específico, e incluso itinerarios diversos, para los alumnos que no alcancen las competencias necesarias para promocionar; todo ello desde cursos inferiores.
Establecer medidas concretas para fomentar la cultura del esfuerzo entre los alumnos y generalizar las pruebas extraordinarias de septiembre y las recuperaciones desde cursos inferiores, como instrumentos para facilitar que los alumnos recuperen y perciban más directamente las consecuencias de los suspensos.
- Plan específico para la incorporación de las nuevas tecnologías al sistema educativo, con la correspondiente formación del profesorado y dotación a los centros sostenidos con fondos públicos de los medios materiales oportunos.
- Plan específico de fomento de la lectura en Educación Primaria y ESO.
- Fortalecer los departamentos de orientación en todos los centros y a todos los niveles, así como las tutorías, tanto con los alumnos como con las familias. Fomentar los sistemas de contacto permanente de las familias con los centros. Son imprescindibles las figuras del Orientador, Psicólogo, Educador Social, Pedagogo, etc.
- Alumnos con necesidades especiales: Deben articularse planes específicos con las oportunas dotaciones de personal especializado y medios a los centros.
- Con respecto al profesorado, es fundamental establecer medidas específicas para fortalecer su autoridad y prestigio, así como para mantener la disciplina necesaria en las aulas. Es importante también la formación permanente de carácter obligatorio, el fomento de la investigación educativa a través de la práctica docente, y el tratamiento específico de la función directiva en los centros.
- Asegurar a todos los centros los medios materiales y humanos necesarios para el correcto desarrollo de su función. Compromiso de incremento del gasto público en educación hasta alcanzar el nivel de los países de nuestro entorno.
- Dotar al sistema educativo de la flexibilidad suficiente que permita una mayor autonomía a los centros, para la mejor atención de las necesidades específicas de su alumnado.
- Potenciación de un sistema de Formación Profesional planificado de conformidad con la evolución del mercado de trabajo, facilitando el acceso al grado superior y a la universidad.
- Plan estratégico para mejorar la disciplina en los centros. Debido al incremento exponencial que en estos últimos años se está constatando en los centros educativos con respecto al acoso escolar, en todas sus formas y dimensiones, es necesario desarrollar un verdadero plan de actuación integral para erradicar esta lacra de los colegios, sean de la red que sean, en colaboración estrecha con familias, educadores, centros educativos y administraciones competentes en educación.
- Fomento de la participación, implicación y formación de las familias: El papel de las familias en la educación de sus hijos resulta esencial, de manera que, sin su debida implicación, la efectividad de las medidas que se adopten puede verse seriamente afectadas. Es preciso que las familias sean conscientes de que la responsabilidad en la educación de sus hijos no puede descansar en los centros, sino que la educación escolar se asienta sobre la que, previa y necesariamente, se inculca en las familias. Para ello, así como para el fomento de la participación y para el apoyo en su esencial función educadora a través de las organizaciones que ostentan su representación, deben fomentarse planes de formación específicos. Igualmente deben articularse los medios oportunos de conciliación de la vida familiar y laboral que permitan a las familias la adecuada participación.
- Establecer enseñanzas mínimas comunes en todo el territorio nacional, que garanticen un nivel de calidad y exigencia homogéneo, así como la igualdad de oportunidades de todos.
III.- LIBERTAD:
1.- Libre elección de centro:
1.1.- La programación general de la enseñanza ha de tener como objetivo que el derecho a la libre elección de centro pueda ser ejercido por las familias en plenitud. Por lo tanto, la oferta de plazas, tanto en la red pública como en la concertada, debe adecuarse a la demanda de las familias, y no al revés.
1.2.- Implantación de un sistema de evaluaciones objetivas y externas de los centros, con publicidad de sus resultados, que permita a las familias la obtención de los datos suficientes para ejercitar debidamente el derecho a la elección de centro, salvaguardando siempre el carácter personal de los datos obtenidos.
1.3.- Revisión de los criterios de preferencia en los procesos de admisión en centros públicos y concertados. Flexibilización, o incluso eliminación, de aquéllos que, en la práctica, suponen una restricción del derecho a elegir y de los que no responden a razones objetivas y justificadas (zonificación). Flexibilización de la “ratio” en supuestos especiales, con el consentimiento del centro.
1.4.- Posibilidad de fijación, por parte de los centros, de criterios complementarios de admisión. Gestión de las solicitudes por parte de los centros concertados. Las comisiones de escolarización han de adoptar sus decisiones siempre de acuerdo con las familias implicadas.
2.- Gratuidad de la enseñanza:
2.1.- Garantizar que los módulos del concierto cubran realmente el coste total de la enseñanza.
2.2.- El sistema de conciertos es la concreción del derecho a la gratuidad de la enseñanza reconocido en la Constitución. Debe asegurarse el acceso y renovación de los conciertos de aquellos centros que cuenten con demanda suficiente.
2.3.- Por lo tanto, las Administraciones competentes tienen el deber de procurarse las consignaciones presupuestarias necesarias para la plena satisfacción de este derecho en consonancia con la libre elección de centro.
2.4.- El ideario o carácter propio de los centros concertados –dentro, obviamente, del marco constitucional- no puede ser un obstáculo para la gratuidad de la enseñanza. Todas las familias tienen derecho a la misma, con independencia del tipo de educación que hayan escogido para sus hijos.
2.5.- Gratuidad de todos los niveles de enseñanza no universitaria, con independencia del tipo de centro que se elija.
2.6.- Implantación de un sistema más ambicioso de becas para comedor y transporte, garantizando la igualdad en el acceso a las mismas de todas las familias, favoreciendo la optimización de los recursos existentes.
3.- Proyecto educativo y carácter propio:
3.1.- Fortalecer la obligación de todos los miembros de la comunidad educativa de aceptar el proyecto educativo de su centro y su carácter propio, si lo tuviere.
3.2.- Debe dotarse de mayor autonomía a los centros concertados para el establecimiento de su régimen interno, selección del profesorado, organización de la jornada y horario lectivo, normas de convivencia, etc.
4.- Neutralidad ideológica del sistema educativo y de la escuela pública:
4.1.- Las asignaturas que el Estado califica como obligatorias no deben ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que, independientemente de que estén mejor o peor argumentadas, reflejan tomas de posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad. La ideología de género debe de estar fuera de las aulas.
4.2.- Debe potenciarse la formación del profesorado en este aspecto y garantizarse, desde las diferentes Administraciones, que los contenidos de las diversas asignaturas, así como los materiales que se utilicen para impartirlas, sean acordes con este principio.
4.3.- Habrán de evitarse en los currículos los contenidos ideológicamente controvertidos, procurando soluciones integradoras que eviten situaciones de conflicto.
5.- Derecho a la educación conforme a las convicciones de la familia: Asignatura de Religión:
5.1.- Ha de garantizarse la oferta de la asignatura de Religión conforme a la confesión correspondiente, de elección voluntaria, evaluable y equiparable al resto de las asignaturas, dentro del horario lectivo habitual.
5.2.- Ha de articularse una asignatura alternativa en idénticas condiciones para quienes libremente no elijan la de Religión.
5.3.- El profesorado de Religión ha de equiparase al resto de miembros del cuerpo docente, con idénticos derechos y obligaciones.
6.- Lenguas cooficiales:
6.1.- Ha de procurarse la flexibilidad suficiente que permita a las familias, asumiendo que la lengua propia de la Comunidad ha de estar presente en el sistema de enseñanza, elegir entre diferentes modelos lingüísticos que, aunque den primacía a una lengua sobre la otra, garanticen el adecuado conocimiento de las dos.
6.2.- Todos tienen el derecho a recibir la educación en una lengua en la que puedan comprender y asumir los contenidos de las enseñanzas que se imparten. Para ello, habrán de asegurarse las correspondientes medidas flexibilizadoras, atendiendo a las circunstancias personales de los alumnos.
7.- Participación:
7.1.- Desarrollo de un modelo de participación de las familias en el sistema educativo, que garantice su reconocimiento y efectividad.
7.2.- Adecuar la representación de las familias en los diversos órganos de participación, en correspondencia a su grado de responsabilidad en la educación.
7.3.- Asegurar a las entidades representativas de la participación familiar los medios necesarios para el adecuado desarrollo de su cometido: APAS, Federaciones y Confederaciones de Padres de Alumnos.
7.4.- Creación de comisiones mixtas Administración-Confederaciones de Padres en los diversos ámbitos, que aseguren un diálogo continuo y fluido. Muchas son las cuestiones que les he detallado, con la idea de que reflexionemos sobre la importancia de la educación, sus consecuencias y las posibilidades para las generaciones venideras que serán las que dirijan nuestros destinos en un mañana ya muy próximo.
La educación es una inversión de futuro y sus resultados siempre son a largo plazo. Como no podía ser de otra forma, CONCAPA estará aquí para aportar y colaborar en todo lo que sea posible, pues invertir en educación es invertir en futuro.
MUCHAS GRACIAS, SEÑORIAS, POR SU COMPROMISO Y ATENCIÓN.
