Renovación del convenio con Cáritas para atención a personas sin hogar
El Consejo de Gobierno ha aprobado la prórroga de un convenio con Cáritas Diocesana de Madrid, que cuenta con una dotación de 375.000 euros -de los cuales el Gobierno regional aporta 283.197 euros-, para el desarrollo del programa ‘Sal de la Calle’ durante 2017, dirigido a personas en situación de grave exclusión social.
Este programa, que llevan a cabo Cáritas y la Comunidad de Madrid desde 1997, tiene por objeto la atención integral de estas personas, prioritariamente personas sin hogar, a través de procesos individualizados de rehabilitación psicosocial, apoyo social y reinserción laboral.
El programa ‘Sal de la Calle’ se desarrolla a través de tres tipos de actuaciones: ‘CEDIA 24 horas’, un dispositivo de atención polivalente que funciona las 24 horas del día y los 365 días del año, que cuenta con un centro de día y otro de noche con una capacidad conjunta de 95 plazas; la Unidad de Acompañamiento a la Inserción (UACI), que es un servicio de gabinete psicosocial especializado en exclusión social grave; y el dispositivo específico de ‘Mujeres en calle’, con dos plazas de forma permanente en la Casa de Acogida Santa Bárbara (una de ellas para atención a mujeres gestantes).
En el primer semestre de 2016, el programa ha realizado 6.865 atenciones en centro de día; 8.588 en centro de noche; 93 evaluaciones y 83 tutorizaciones de la UACI; y 1.315 atenciones de ‘Mujeres en calle’.
Además de estas actuaciones, el Gobierno regional dispone de más de 400 plazas de acogida y/o alojamiento temporal de personas sin hogar, gracias al Convenio con el Ayuntamiento de Madrid; y del Servicio de Emergencia Social, que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y que atiende las diferentes situaciones de emergencia que se producen en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.
Plan de inclusión de personas sin hogar
El Gobierno regional ha aprobado recientemente el Plan de Inclusión de Personas sin Hogar de la Comunidad de Madrid 2016-2021, una iniciativa pionera en España ya que se trata del primer plan autonómico puesto en marcha en una comunidad autónoma para combatir el sinhogarismo. Para ello, el Plan se estructura en cinco ejes de actuación principales, con un total de 76 medidas y un presupuesto de casi 170 millones de euros para el citado periodo.
Entre las principales medidas que se van a llevar a cabo destaca la elaboración del primer censo regional de personas sin hogar que la Comunidad de Madrid va a realizar en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, con el objetivo de contar con una radiografía real de las personas que se encuentran en situación de calle en la región.
Una vez se cuente con el diagnóstico de la situación, se trabajará en las cinco líneas principales de actuación con el objetivo de mejorar la coordinación entre todos los agentes implicados para ofrecer a las personas sin hogar los recursos más adecuados para sus circunstancias particulares, ya que el objetivo es diseñar un modelo de atención personalizado que dé respuesta a las necesidades de cada persona.
Anticipo de 269,5 millones para prestaciones por dependencia y RMI en 2017
El Consejo de Gobierno ha autorizado sendos gastos por tramitación anticipada de 149,5 millones y 120 millones de euros, para el pago de las prestaciones económicas a personas en situación de dependencia y de la prestación de la Renta Mínima de Inserción (RMI), respectivamente, durante el año 2017.
Ambos créditos, previstos en la Ley 6/2015, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2016, permitirán atender el pago de dichas prestaciones el próximo año.
Las prestaciones económicas previstas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, son un derecho que puede reconocerse en cualquier momento a aquellas personas en las que concurran los requisitos y circunstancias previstos legalmente.
El crédito de 149,5 millones de euros aprobado hoy permitirá continuar con el abono de las prestaciones económicas reconocidas en la actualidad (38.051 beneficiarios) y las que puedan reconocerse durante 2017.
Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Comunidad de Madrid se encuentra a la cabeza en servicios de Dependencia prestados, cumpliendo lo que establece la Ley de Dependencia, que determina que deben primar los servicios sobre las prestaciones económicas. Madrid se encuentra 16 puntos por encima de la media del conjunto de España.
La Comunidad de Madrid está en los primeros puestos en el Sistema de Autonomía y Atención de la Dependencia, y cuenta con 108.112 personas beneficiarias de alguna de las prestaciones del Programa Individual de Atención (PIA).
A este respecto, Madrid sigue siendo la primera comunidad autónoma en centros de día (14.524 beneficiarios); la segunda en teleasistencia (32.003), ayuda a domicilio (30.905) y prestaciones económicas vinculadas al servicio (12.727); la tercera en atención residencial (23.242); la cuarta en prestaciones para asistencia personal (50); y la quinta en prestaciones económicas para cuidados familiares (24.776) y prevención a la dependencia y promoción de la autonomía personal (3.057).
Asimismo, el Consejo de Gobierno ha autorizado una ampliación de gasto de 3.963.909 euros para resolver los expedientes y abonar las prestaciones económicas por dependencia reconocidas durante el año 2016.
Casi 30.000 familias beneficiarias de la RMI
Por otro lado, el crédito de 120 millones de euros aprobado para la Renta Mínima de Inserción (RMI) permitirá disponer del importe necesario para hacer frente al pago de esta prestación desde el próximo 1 de enero.
El número de familias beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid ha crecido este año un 11%, entre otras razones por la agilización de su concesión, hasta situarse en 29.982 familias. Desde su entrada en vigor, han recibido esta prestación un total de 59.053 familias.
La cuantía de la RMI se establece en función del número de miembros de la unidad familiar, abarcando desde 400 euros para una sola persona hasta un tope de 655 euros para familias de tres o más miembros.
La Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid se concede a toda persona que lo requiera para poder afrontar las necesidades básicas de la vida durante el tiempo que sea necesario y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley, como carecer de ingresos, tener un patrimonio inferior a los 13.519,80 euros en el caso de una persona que viva sola (la vivienda habitual no se computa), contar con residencia legal en la Comunidad de Madrid y estar empadronado en algún municipio de la región con una antigüedad de, al menos, 12 meses.
De esta manera, el Gobierno regional garantiza la cobertura de las necesidades básicas a las familias de la Comunidad de Madrid que se encuentran en una situación más desfavorecida y vulnerable.
6 millones para insertar a menores infractores con medidas de medio abierto
La Comunidad de Madrid va a destinar 5,9 millones de euros para impulsar programas que favorezcan la reinserción de menores que cumplen medidas judiciales en medio abierto, es decir, que no suponen privación de libertad.
Así, el Consejo de Gobierno ha aprobado la prórroga, para 2017 y 2018, de varios contratos de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) de la Comunidad de Madrid destinados a la inserción sociolaboral, la gestión de varios centros de día y de centros para la convivencia en grupo educativo, así como para el programa de reparaciones extrajudiciales.
En concreto, se va a destinar más de medio millón de euros al Programa de Inserción Sociolaboral que impulsa ARRMI para los mayores de 16 años y que, en 2015, permitió que 483 menores y jóvenes participaran en acciones formativas. Además, 166 pudieron firmar un contrato de trabajo. En la primera mitad de este año, el número de participantes en el programa ha crecido un 22,3%.
Asimismo, se ha aprobado un gasto de 3,8 millones para la gestión integral de varios centros de día en Madrid y Getafe, que ofrecen actividades socioeducativas y de apoyo a menores infractores a partir de los 14 años. Uno de los centros, además, cuenta con un programa especializado de tratamiento para deshabituación de adicciones por consumo de drogas.
También se contempla un centro residencial en Madrid, con mayoría de población masculina, para aquellos menores que tienen que cumplir una medida de convivencia en grupo educativo.
En la misma línea, se ha aprobado otro gasto de 912.646 euros para un centro similar, también en Madrid, en este caso con mayoría de población femenina. En ambos casos se atiende, además, a menores que requieren atención educativa y terapéutica, especialmente cuando han cometido infracciones relacionadas con el maltrato a los padres.
Por último, se ha acordado destinar cerca de 633.000 euros a la gestión integral del Programa de reparaciones extrajudiciales y desarrollos educativos, en centros de Madrid, Alcalá de Henares y Parla.
Cinco de cada seis menores atendidos por la Comunidad de Madrid a través de ARRMI cumplen una medida judicial de medio abierto o una reparación extrajudicial. Se trata, por tanto, de medidas que no incluyen la privación de libertad y que van desde libertad vigilada, las prestaciones en beneficio de la comunidad o las tareas socioeducativas hasta la convivencia con otras personas, la asistencia a centros de día o la permanencia de fin de semana en el domicilio.
Un 90 por ciento se reinsertan
A 15 de diciembre, la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) de la Comunidad de Madrid atendía simultáneamente a 940 menores, 726 de los cuales cumplían medidas en medio abierto. La tasa de reinserción es del 90%.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2015, la Comunidad de Madrid es la región con la tasa más baja tanto de menores condenados como de infracciones penales cometidas por menores en edad de responsabilidad penal (14 a 17 años) por cada 1.000 habitantes.
Más de 6 millones para 175 plazas en distintos centros sociales de la Comunidad
El Consejo de Gobierno ha aprobado cinco contratos de gestión de servicio público, por un importe global de 6.053.318 euros, que garantizan el mantenimiento de 175 plazas en distintos centros sociales de la Comunidad de Madrid para menores con medidas de protección, personas mayores en situación de dependencia y personas con enfermedad mental.
En concreto, se ha autorizado la celebración de un contrato para los dos próximos años, por importe de 3.876.232 euros, para acogimiento residencial de menores con déficits cognitivos ligeros o límites, y con trastornos de conducta asociados. Se trata de 38 plazas para menores con edades comprendidas entre los 6 y los 18 años.
El segundo contrato para acogimiento residencial de menores, por importe de 445.413 euros, permitirá el mantenimiento de 21 plazas durante 2017 en hogares de Aldeas Infantiles SOS España en San Lorenzo de El Escorial, para menores de 0 a 17 años.
En la actualidad, en la Comunidad de Madrid hay más de 4.000 menores con alguna medida de protección, de los que el 60% se encuentran en acogimiento familiar y el 40% restante en acogimiento residencial. Para ello, el Gobierno regional cuenta con una red de atención residencial compuesta por casi 1.700 plazas.
Asimismo, el Consejo de Gobierno ha autorizado un contrato para atención a personas con enfermedad mental grave y duradera, por importe de 128.826 euros para 2017. Se trata de 13 plazas en pisos supervisados en distintas zonas de la Comunidad de Madrid, y alojamiento en pensiones, gestionado por la entidad Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales (INTRESS).
De esta manera, la Comunidad de Madrid contará el próximo año con 213 plazas en pisos y pensiones para estas personas, que forman parte de la Red de Atención Social a personas con enfermedad mental de la región, compuesto por 204 centros y recursos y 6.064 plazas totalmente gratuitas.
Plazas para mayores con Alzheimer o discapacidad
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado la prórroga de un contrato adjudicado a la entidad SAR Residencial y Asistencial para la atención a personas mayores en situación de dependencia en el centro Villaverde Alzheimer de Madrid (52 plazas de residencia y 40 de centro de día) durante 2017, por importe de 1.311.358 euros.
Los usuarios de la residencia son personas dependientes mayores de 55 años afectadas de demencia, preferentemente de tipo Alzheimer, que les impide o limita gravemente para valerse por sí mismas. Asimismo, los usuarios del centro de día son mayores de 60 años, afectados de alguna discapacidad que también les impide valerse por sí mismos.
Además, el Gobierno regional ha aprobado la prórroga de un contrato con la Orden Hospitalaria San Juan de Dios de Málaga, por importe de 291.489 euros durante un año, para 11 plazas de atención residencial y de centro de día a personas con discapacidad psíquica gravemente afectadas.
Los usuarios atendidos son personas que padecen una discapacidad psíquica de carácter grave, con una media de edad superior a 70 años. Las razones que justifican su permanencia en este centro son su discapacidad intelectual, su avanzada edad y la antigüedad en el centro (desde el año 2001), por lo que un posible traslado los desarraigaría de un entorno que ellos identifican como su hogar
La Comunidad congela por segundo año consecutivo las tarifas del agua y amplía la tarifa social
La Comunidad de Madrid congelará, por segundo año consecutivo, las tarifas del agua y ampliará la tarifa social a los perceptores de pensiones no contributivas, cerca de 39.000 madrileños, una decisión de la que ha sido informado hoy el Consejo de Gobierno.
Esta medida se une al acuerdo ya adoptado por el Gobierno regional de extender esta tarifa social a todos los perceptores de la Renta Mínima de Inserción (RMI), en total, más de 30.000 personas en la Comunidad de Madrid, y que ha comenzado a aplicarse este mismo año.
La tarifa social supone la gratuidad de un consumo de 25 metros cúbicos de agua cada dos meses y la reducción de la cuota fija de servicio en un 50%. Así, una familia con problemas económicos pagará 4 euros mensuales por 411 litros diarios de agua. Actualmente, en la Comunidad de Madrid se benefician de esta bonificación más de 6.000 contratos.
El Consejo de Administración de Canal de Isabel II aprobó también, en su última reunión, el presupuesto de la empresa pública para 2017, que contempla una cifra de negocio de 863 millones de euros, un 0,7% más que la estimada para el fin de 2016. Los gastos corrientes ascienden a 456 millones de euros, con un incremento del 0,4%. En esta partida se incluye el mantenimiento, la reposición y nuevas inversiones de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de la región, que comprenden, entre otras, 14 plantas potabilizadoras, 17.300 kilómetros de redes de distribución, 13.300 kilómetros de alcantarillado y 156 estaciones depuradoras de aguas residuales.
En cuanto a las inversiones para ampliar y mejorar el sistema general de abastecimiento y saneamiento de la región, alcanzarán los 184 millones de euros con un incremento del 1,32%. Entre las actuaciones y proyectos que se acometerán se encuentran la extensión del suministro de agua regenerada a Rivas Vaciamadrid, Valdemoro, Arroyomolinos, Pinto, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio y Villalbilla; la ampliación y la mejora de los tratamientos de las depuradoras de Aranjuez, Alcalá, Torrelodones, Sevilla la Nueva o Villamantilla; y la ejecución de conducciones de transporte de agua desde el embalse de Valmayor o entre los municipios de Valdeolmos y Ajalvir.
Inversiones en I+D+I
Por su parte, el presupuesto de I+D+i aumentará en un 236% respecto a 2016, como respuesta al compromiso de la empresa pública con la innovación y la investigación y que se materializará en avances en proyectos relacionados con energías renovables, el big data y los nuevos desafíos en materia de depuración. En total, Canal destina más del 40% de cada recibo de agua a inversiones, mantenimiento de infraestructuras e I+D+i.
Por último, el endeudamiento de la compañía se verá reducido por tercer año consecutivo y pasará de 982 a 879 millones de euros, lo que supone un descenso del 10,5%. La previsión de la empresa pública es que su deuda continúe reduciéndose en los próximos tres años, consiguiéndose en esta Legislatura una disminución del 25%, con un coste promedio del 1,89% y una estabilidad de los resultados económicos.
Canal de Isabel II es un importante activo en la economía madrileña, motor de la creación de empleo, del crecimiento y de la innovación mediante su labor como gestora del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid. La empresa nació hace 165 años para abastecer de agua a la ciudad de Madrid y, en la actualidad, presta servicio a más de 6 millones de personas en la región.
