Personación en procedimientos penales por delitos de odio
La Comunidad de Madrid se personará como acusación particular en los procedimientos penales instados por acciones de incitación al odio, según recoge el proyecto de Ley sobre la Igualdad de Trato y la Protección contra las Acciones de Incitación al Odio, la Discriminación y la Intolerancia, que ha sido aprobado hoy por el Consejo de Gobierno.
De acuerdo con el nuevo proyecto de ley, que se convierte en la primera norma autonómica específica sobre esta materia, la Comunidad de Madrid podrá personarse en calidad de parte perjudicada civilmente, expresando su atención y apoyo a las víctimas de este tipo de delitos.
De esta manera, el Gobierno regional reafirma su compromiso de garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales, y consolida legislativamente el derecho a la igualdad de trato y el respeto de la dignidad de la persona frente a comportamientos discriminatorios.
Antes de su aprobación, el informe del proyecto de ley fue publicado durante quince días en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid para su conocimiento por parte de los ciudadanos.
El objetivo de la ley es luchar contra cualquier forma de discriminación, acto de intolerancia y acción que incite al odio, sin distinción alguna por razón de nacimiento; origen racial, social o étnico; sexo; religión; convicción u opinión política o de cualquier otra naturaleza; cultural; idioma; edad; discapacidad; orientación o identidad sexual; enfermedad; condición de migrante, refugiado o desplazado; característica genética; situación económica; o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
La nueva norma, que protege a las víctimas combinando el enfoque preventivo con el reparador, se aplicará en los ámbitos de educación, sanidad, servicios sociales, empleo, acceso a bienes y servicios, deporte, cultura, acceso a espacios públicos, medios de comunicación y redes sociales.
Así, cuando la Comunidad de Madrid tenga conocimiento de un supuesto caso de discriminación, actos de intolerancia, o acciones que puedan incitar al odio, pondrá en marcha el correspondiente procedimiento sancionador, en el que se podrán acordar las medidas necesarias para investigar las circunstancias del caso y adoptar las medidas oportunas y proporcionadas para su eliminación.
Las infracciones podrán ser leves, con multas de hasta 3.000 euros; graves, de entre 3.001 y 20.000; y muy graves, desde 20.001 hasta 45.000 euros. El grado dependerá de los daños causados, la permanencia de las repercusiones, el número de personas afectadas, la intencionalidad del infractor y la reincidencia.
La Ley recoge también la creación de un Observatorio para la Igualdad de Trato y la Protección de la Dignidad de la Persona, que vigilará las acciones que inciten al odio, la discriminación y la intolerancia. Este Observatorio proporcionará informaciones objetivas y comparables sobre las conductas y hechos que tengan lugar en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, que supongan una forma de discriminación o de acciones que inciten al odio por razón de las causas previstas en la ley, con el fin de proponer la adopción de medidas y acciones específicas.
Protocolo de atención a las víctimas
En cuanto al Protocolo de Atención a las Víctimas, contemplará una atención especializada y multidisciplinar para las víctimas de agresiones y de acciones que inciten al odio. La Comunidad les prestará una atención integral real, que comprenderá el asesoramiento, la asistencia (en especial la sanitaria) y las medidas sociales tendentes a facilitar su recuperación integral.
Además, se creará un punto de información, que será coordinado por la Oficina de Atención al Ciudadano, para realizar una atención integral y personalizada, y se establecerán convenios o programas con entidades sociales especializadas para atender a las víctimas.
35,6 millones de euros para ingresos en camas de cuidados paliativos
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado la propuesta de adjudicación del contrato de gestión, en régimen de concierto, del servicio público de hospitalización para cuidados paliativos de la Comunidad de Madrid a varias entidades, por un importe total de 35.692.230 euros y un plazo de ejecución de cuatro años.
Este contrato tiene la finalidad de garantizar la prestación de cuidados paliativos a pacientes que los requieran a causa de una enfermedad avanzada, incurable o progresiva y sin posibilidades de respuesta a tratamientos específicos. Además, se tiene en cuenta el bienestar de estos pacientes y sus familiares, proporcionándoles el máximo confort y calidad asistencial tanto sanitaria como psicológica.
Actualmente, estos objetivos se encuentran recogidos en el Plan Estratégico de Cuidados Paliativos, que refleja la necesidad de dar cobertura a la prestación sanitaria de hospitalización para los cuidados integrales de atención paliativa a pacientes con enfermedad terminal.
Este contrato refuerza los medios de los que dispone el Servicio Madrileño de Salud para garantizar la continuidad asistencial integral de los cuidados paliativos que requieren estos pacientes. Para ello es necesario contar con centros externos al Servicio Madrileño de Salud a través de contratos y convenios.
Durante los próximos cuatro años, desde el inicio de la ejecución del contrato, se mantendrán 160 camas concertadas en los centros designados en la Comunidad de Madrid, que, sumadas a las 141 de que dispone el Servicio Madrileño de Salud, representan 300 camas, tanto en centros públicos como concertados, para el ingreso de pacientes con necesidades paliativas complejas.
Se amplía en 2,7 millones el gasto para prestaciones económicas por dependencia
El Consejo de Gobierno ha autorizado una nueva ampliación de gasto, por importe de 2,7 millones de euros, para el abono de las prestaciones económicas por dependencia durante el presente ejercicio.
El presupuesto inicial de la Comunidad de Madrid en 2016 para prestaciones económicas por dependencia ascendía a 150 millones de euros, a los que se añadieron otros 20 millones (autorizados por el Consejo de Gobierno el pasado mes de mayo) para el pago de las prestaciones reconocidas a principio de año y para las nuevas altas incluidas en el sistema.
El Gobierno regional tiene un especial compromiso con las personas en situación de dependencia y, por ello, este año ha destinado el mayor presupuesto de su historia -1.145 millones de euros- a la dependencia.
El número de beneficiarios de la región que tiene derecho a recibir algún tipo de prestación o servicio (por razones derivadas de la edad, enfermedad o discapacidad), de acuerdo con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, ha aumentado un 40% en los últimos cinco años hasta situarse en 108.112 personas.
Para estas personas, la Comunidad de Madrid cuenta con una atención completa y especializada a través de la red de residencias y centros de día; tratamientos y servicios para la prevención de la dependencia; teleasistencia, ayuda a domicilio; prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar (para que puedan ser atendidas por cuidadores no profesionales de su entorno), prestaciones para asistencia personal (cuantía económica mensual que se asigna al beneficiario para contribuir a la contratación de una asistencia personalizada profesional) y cheque servicio o prestación vinculada al servicio.
Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (a 31 de octubre de 2016), la Comunidad de Madrid se encuentra a la cabeza en servicios de Dependencia prestados, cumpliendo lo que establece la Ley de Dependencia, que determina que deben primar los servicios sobre las prestaciones económicas. Madrid se encuentra 16 puntos por encima de la media del conjunto de España y por delante de comunidades autónomas como Cataluña (que tiene 28 puntos menos) o Andalucía (12 puntos menos).
La Comunidad de Madrid está en los primeros puestos en el Sistema de Autonomía y Atención de la Dependencia, y cuenta con 108.112 personas beneficiarias de alguna de las prestaciones del Programa Individual de Atención (PIA).
Primeros en centros de día
A este respecto, Madrid sigue siendo la primera comunidad autónoma en centros de día (14.524 beneficiarios); la segunda en teleasistencia (32.003), ayuda a domicilio (30.905) y prestaciones económicas vinculadas al servicio (12.727); la tercera en atención residencial (23.242); la cuarta en prestaciones para asistencia personal (50); y la quinta en prestaciones económicas para cuidados familiares (24.776) y prevención a la dependencia y promoción de la autonomía personal (3.057).
Este año más de 160 millones para la Renta Mínima de Inserción
El Consejo de Gobierno ha aprobado una ampliación del gasto de la Renta Mínima de Inserción (RMI) de 14.092.819,72 euros para el pago de la prestación en el mes de diciembre. De esta manera, la Comunidad de Madrid destinará en el conjunto del presente año un total de 160.589.467,02 euros a las personas que están en situación de especial vulnerabilidad de la región.
El número de familias beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid ha crecido este año un 11%, hasta situarse en 29.982 familias. Desde su entrada en vigor, han recibido esta prestación un total de 59.053 familias.
El incremento de gasto destinado a la Renta Mínima de Inserción se debe, por un lado, al aumento de la demanda de esta prestación; y, por otro, a la importante reducción que se ha logrado en la resolución de las solicitudes pendientes.
En la Comunidad, la RMI no es una prestación económica pasiva sino que contempla la realización de proyectos de inserción sociolaboral para facilitar el acceso al mercado de trabajo y la consiguiente autonomía económica.
Desde la entrada en vigor de la Renta Mínima de Inserción en el año 2002, el 50% de los perceptores ha dejado de recibirla al mejorar su situación laboral. También, los proyectos de inserción sociolaboral puestos en marcha por la Comunidad han logrado que más de 24.000 personas encuentren un trabajo en este tiempo.
La cuantía de la RMI se establece en función del número de miembros de la unidad familiar, abarcando desde 400 euros para una sola persona hasta un tope de 655 euros para familias de tres o más miembros.
La Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid se concede a toda persona que lo requiera para poder afrontar las necesidades básicas de la vida durante el tiempo que sea necesario y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley, como carecer de ingresos, tener un patrimonio inferior a los 13.519,80 euros en el caso de una persona que viva sola (la vivienda habitual no se computa), contar con residencia legal en la Comunidad de Madrid y estar empadronado en algún municipio de la región con una antigüedad de, al menos, 12 meses.
Cobertura de necesidades básicas
De esta manera, el Gobierno regional garantiza la cobertura de las necesidades básicas a las familias de la Comunidad de Madrid que se encuentran en una situación más desfavorecida y vulnerable.
Madrid es una de las pocas comunidades autónomas que garantiza el carácter indefinido de la percepción de la RMI a las personas que acreditan cumplir con los requisitos, mientras se encuentren en situación desfavorecida y hasta que ésta mejore.
Precisamente, en la línea de trabajo para luchar contra la exclusión social, el Gobierno regional aprobó el pasado mes de octubre la Estrategia Madrileña de Inclusión Social 2016-2021, que cuenta con 135 medidas y 2.866 millones de presupuesto.
A través de esta estrategia se pretende mejorar y reforzar los plazos de adjudicación y requisitos para poder optar a la RMI, de forma que no quede nadie en la región en situación de exclusión o en riesgo de estarlo sin que reciba ayuda de la Administración.
