El Consejo de Gobierno ha aprobado, en su reunión de hoy, la modificación del decreto para introducir estas medidas.
Como novedades, la nueva regulación permitirá disponer de más suelo para incrementar la oferta de vivienda pública.
Se prioriza a quienes acrediten al menos cinco años de empadronamiento en el municipio o desarrollen en él su actividad.
Las listas de interesados se publicarán de forma permanente en la web del concesionario, permitiendo una actualización continua de los datos a los potenciales adjudicatarios.
Madrid, 8 de abril 2026.- La Comunidad de Madrid incrementará la oferta de vivienda en alquiler asequible y simplificará los procedimientos de adjudicación del Plan Vive tras la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno, de una modificación normativa elaborada por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.
El cambio en el decreto 84/2020 amplía el ámbito de actuación del Ejecutivo autonómico para incluir parcelas ubicadas en suelos de otras Administraciones Públicas adscritas a la Comunidad de Madrid, por ejemplo, de ayuntamientos. Esta medida permitirá disponer de más terreno para la promoción de vivienda pública y facilitar que un mayor número de ciudadanos disponga de soluciones habitacionales.
Entre las principales novedades, se refuerzan la gestión y transparencia de los procesos de adjudicación. Así, las listas de solicitantes se publicarán de forma permanente en la web del concesionario, con enlace desde la página institucional, lo que posibilitará su actualización continua y mejorará el acceso a la información por parte de los interesados.
Además, se flexibilizan los requisitos con la ampliación de los umbrales de ingresos para unidades de dos miembros, que se sitúan entre 1,5 y 5,5 veces el IPREM en el caso de las viviendas de precio básico, y entre 1,5 y 7,5 veces para las de precio limitado, lo que permitirá que un mayor número de ciudadanos pueda cumplir las condiciones exigidas.
Asimismo, se podrán emplear los datos fiscales más recientes disponibles y se admitirán declaraciones responsables cuando se hayan producido cambios relevantes en la situación económica.
El texto incorpora también medidas para optimizar la ocupación de los inmuebles. Entre ellas, destaca la posibilidad de reasignar los pisos inicialmente reservados a cupos específicos, como víctimas de violencia contra la mujer o personas asiladas, cuando queden vacantes, así como la reducción de los plazos de adjudicación para agilizar el proceso.
Refuerzo del arraigo territorial
La modificación del decreto actualiza los criterios vinculados al arraigo territorial. Tendrán preferencia quienes acrediten al menos cinco años de empadronamiento en el municipio o desarrollen en él su actividad laboral. En segundo lugar, se situarán los solicitantes con diez años de residencia acreditada en la Comunidad de Madrid, quedando en último término el resto de las personas empadronadas. Este nuevo esquema sustituye al anterior, que establecía un mínimo de tres años.
A este marco se suma el nuevo reglamento de vivienda protegida, actualmente en tramitación, que fija un periodo mínimo de cinco años para el acceso en régimen de alquiler y de diez años en el caso de compra, siendo suficiente con que uno de los miembros de la unidad familiar cumpla este requisito. Esta medida introduce un cambio relevante respecto a la normativa anterior, que no contemplaba de forma generalizada este tipo de exigencias.
En relación con los hogares gestionados por la Agencia de Vivienda Social (AVS), se mantiene como condición general acreditar un mínimo de diez años de empadronamiento en la Comunidad de Madrid, de los cuales al menos tres deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.
Gracias al Plan Vive, el Ejecutivo autonómico ya ha entregado 5.211 pisos en alquiler asequible y, a partir de junio, finalizará la construcción de más de 3.000 que se podrán a disposición de los madrileños, reforzando así el compromiso del Gobierno regional con el acceso a la vivienda.
