El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una subvención por concesión directa a los colegios profesionales de abogados y procuradores.
El Ejecutivo regional asegura así un derecho recogido en la Constitución Española.
Este servicio público benefició a casi 90.000 personas el año pasado.
Madrid destina por habitante hasta un 50% más que el Gobierno central en esta misma materia.
Madrid, 11 de marzo 2026.- La Comunidad de Madrid destinará 60,4 millones de euros en 2026 para garantizar la asistencia jurídica gratuita a través de los colegios de abogados y procuradores de la región, lo que supone un incremento del 5,87% respecto al año anterior.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy dos subvenciones por concesión directa: una primera, dotada con 52 millones de euros, destinada al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y al Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (ICAAH), y una segunda, por importe de 8,4 millones de euros, dirigida al Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM).
Con esta dotación presupuestaria, el Ejecutivo autonómico garantiza el cumplimiento de la Constitución Española, que reconoce el derecho fundamental de todos los ciudadanos que carecen de recursos económicos suficientes a la tutela judicial efectiva y a la asistencia jurídica gratuita. En 2025, un total de 88.669 personas se beneficiaron de este servicio público.
Los pagos a los letrados se canalizan a través del Consejo de Colegio de Abogados de la Comunidad de Madrid, que engloba a ICAM e ICAAH. En el caso de la procura, se realizan por mediación del Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España.
El Gobierno regional aprobó en junio de 2025 el Decreto que regula la asistencia jurídica gratuita en la región y el funcionamiento de sus órganos, así como las relaciones entre la Administración y los colegios profesionales competentes en este ámbito.
Mayor inversión por habitante en Madrid
Además, el Consejo de Gobierno ha conocido hoy un informe de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia, dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, sobre la situación de esta materia en la región.
Los presupuestos de este año reflejan una inversión de 66.490.000 euros, un 5,64% más que en 2025, para una población de 7.113.886 personas. Aquí se incluye también el servicio de orientación jurídica, el de representación procesal y el turno de oficio.
Esta cifra contrasta con los 53.288.520 euros que tiene previstos en 2026 para este fin el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en las comunidades donde tiene las competencias en este ámbito: Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Islas Baleares, Región de Murcia, Ceuta y Melilla. Todas ellas suman 8.558.411 residentes.
De este modo, el Ejecutivo autonómico destinará 13.201.480 euros más que el Gobierno central, pese a contar con casi 1,5 millones de habitantes menos en su ámbito de actuación. Además, invertirá 9,35 euros por habitante frente a los 6,20 del ministerio, lo que supone un 50,64% más por parte de la Comunidad de Madrid.
